Aunque la lucha contra la corrupción y la ineficacia estatal exige reformas profundas, el nuevo gobierno debe priorizar con seriedad la transformación de la gestión de recursos humanos en el Estado, especialmente en la administración pública. Solo así sus políticas se materializarán en la realidad. De lo contrario, iniciativas inspiradas y esenciales para mejorar la vida de los peruanos quedarán en saco roto.
¿Por cuántas veces nos hemos dicho —o escuchado— que la falta de empatía y efectividad del Estado se debe a la burocracia? Transformar la burocracia actual —marcada por indolencia, incompetencia, ilegitimidad y falta de integridad— en un cuerpo de funcionarios calificados por mérito individual, no por favores políticos, exige una carrera pública con ascensos programados y obligatorios que filtren a los ineptos. Es un imperativo nacional.
Lamentablemente, la burocracia se rodea de leyes que otorgan derechos y mayores prestaciones, pero jamás mejoran la productividad del servicio público. Lo único que hace es condenar a que la gestión pública se degrade más y más en un escenario de estrés fiscal.
El ingreso a la administración pública debe ser únicamente por concurso público y esto significa que hay que suprimir todo tipo de modalidades de contratación conexas de personas que existen y que desvirtúan el empleo público. Hay una multiplicidad de regímenes de contratación que han ido surgiendo ante la incapacidad del Estado de resolver un problema básico: cómo captar y retener personal calificado, quedando a merced de intereses políticos partidarios que ahora, vemos, se reparten los puestos en la administración pública sin ninguna vergüenza.
Edilberto Terry, especialista en estos temas, señala que las entidades públicas no han culminado la implementación de los subsistemas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos y más del 60% de operadores de las oficinas de recursos humanos presenta brechas importantes de conocimiento técnico; a ello se suma la coexistencia de regímenes laborales heterogéneos —Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 728, contratos administrativos de servicios (CAS), temporales, locación de servicios, consultorías, entre otros— que generan inequidades, distorsiones remunerativas y múltiples reglas de juego que obstaculizan una gestión coherente, meritocrática y fiscalmente sostenible.
Una regla básica que debiera ponerse en práctica y respetarse tanto en el Poder Ejecutivo como Legislativo es que el mérito es clave, no solo para ingresar a la función pública, sino para salir si se pierde la idoneidad. Esto requiere una carrera sistemática y obligatoria, con ascensos meritocráticos cada tres años hacia puestos de mayor responsabilidad y remuneración. Quienes no asciendan tendrán que dar un paso al costado. Así, la burocracia se curará progresivamente de su indolencia, incompetencia, ilegitimidad y falta de integridad.
También es preciso eliminar por ley entidades y reducir el tamaño del aparato estatal, y en ese proceso no se deben absorber colaboradores, sino funciones priorizadas. Liquidar legalmente al personal (respetando estrictamente sus beneficios laborales) y abrir nuevos concursos públicos creará una carrera idónea. A toda creación o fusión debe preceder un estudio riguroso de impactos presupuestarios, laborales y administrativos, con hoja de ruta de seis meses. La antigua entidad operaría hasta implementar la nueva, asegurando continuidad. El ahorro real surge de simplificar procesos, desregular y modernizar con tecnología e IA: menos trámites, menos personal.
Por otro lado, para consolidar esto, urge una reforma constitucional que blinde la carrera pública y elimine regímenes contractuales múltiples, garantizando sostenibilidad fiscal y evitando distorsiones políticas.
Ojalá el nuevo gobierno modernice la gestión de recursos humanos, asegurando personal competente, motivado y permanentemente evaluado, para un servicio público profesional de calidad y orientado al ciudadano. Se trata de emprender la modernización de los sistemas administrativos, empezando por la gestión de recursos humanos para asegurar que el Estado responda al interés ciudadano y no al interés de la burocracia.