La encuesta de Ipsos para Perú21 sobre la aprobación de las principales autoridades del Gobierno revela que la esperanza de la población en algún cambio de rumbo en el Ejecutivo parece haberse esfumado.
Con el 94% de peruanos encuestados desaprobando a la mandataria Dina Boluarte y el 80% haciendo lo propio con la presidencia del Consejo de Ministros, el respaldo a Palacio se aproxima vertiginosamente al cero. Y esto es algo que no debería alegrar ni siquiera a sus opositores. Porque si le sumamos el también mayoritario rechazo al Poder Legislativo (89%) y al Judicial (81%), estamos hablando de una pérdida tremenda de credibilidad de la ciudadanía en las instituciones tutelares de la democracia en nuestro país.
No obstante, ante esa pérdida de legitimidad que se registra de medición a medición, el Gobierno podría y debería hacer algo más para que los peruanos puedan llegar hasta julio de 2026 con una tranquilidad por lo menos relativa. Un año y meses en los que no puede darse el lujo de dejarse arrastrar por el piloto automático. Es hora de hacer cambios en el gabinete –cambios de verdad, no simplemente cosméticos, a los que parece ser tan aficionada la jefa de Estado– para recuperar algo, justamente, de esa legitimidad erosionada por los propios desatinos del Ejecutivo.
Y es que, en medio de esta caída en picada, lo mejor sería apostar por un consejo de ministros que le trasmita tranquilidad al país y trabaje en los problemas centrales que atenazan a los ciudadanos. Si hoy mismo el nuevo ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, sin siquiera cumplir un mes en el cargo, por ejemplo, ya acumula una desaprobación de 72%, es porque los ciudadanos perciben que continuará con la misma política de su antecesor, Juan José Santiváñez, en cuanto a lucha contra la delincuencia. Es decir, nada de nada: ineficiencia total, salvo para los encargos presidenciales.
Como el analista José Carlos Requena ha señalado, la población siente que no se avanza nada en la lucha contra “la inseguridad ciudadana, donde a pesar de reuniones, leyes, discursos, conferencias, la situación se mantiene. Y llama la atención el destino de un ministro censurado y el espacio que le hace la presidenta en su propio despacho. Eso creo que es lo fundamental, la inacción que se percibe y la indolencia o la indiferencia (del Gobierno)”.
Si Palacio no reacciona y no da un golpe de timón, aunque sea para que las cosas no sigan empeorando hasta abril de 2026, es la democracia misma la que podría entrar en zona de riesgo.