El 12 de abril elegiremos a 208 autoridades de entre casi 8,000 candidatos de 36 partidos políticos y 2 alianzas electorales. Nuevamente, la recomendación para más de 27 millones de peruanos: al hacerlo, debemos actuar con responsabilidad, no solo por quiénes son ellos y lo que representan, sino por lo que pretenden hacer una vez en el poder. Esto es clave en la elección de la plancha presidencial, que guiará el Poder Ejecutivo e influirá decisivamente en la operación estatal, tal como se refleja en los planes de gobierno.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) promueve el voto informado y ha puesto a disposición de la ciudadanía resúmenes estructurados y estandarizados de estos planes, que incluyen problemática, objetivos, indicadores y metas en cuatro dimensiones: social, económica, ambiental e institucional. Dichos planes están llenos de buenas intenciones, grandes ideas, propuestas interesantes e incluso abundan los sueños utópicos. Sin embargo, en todos persiste un vacío inexplicable: la ausencia de propuestas concretas para reformar los sistemas administrativos, que son el corazón de la administración pública y el eje para implementar —bien o mal— las políticas consignadas en los planes.
Como se sabe, el Estado opera sobre reglas burocráticas: la gestión de la administración hace que las cosas sucedan. Es decir, que las políticas se implementen con mayor o menor efectividad. Aquí radica la complementariedad entre gestión y políticas públicas; once sistemas administrativos que regulan los recursos públicos: modernización de la gestión, planeamiento, presupuesto, endeudamiento, tesorería, contabilidad, recursos humanos, abastecimiento, inversiones, defensa jurídica y control gubernamental.
Y, si bien hemos visto diagnósticos brillantes y políticas públicas bien diseñadas, sus resultados prácticos decepcionan. Esto explica la desafección ciudadana hacia autoridades e instituciones incapaces de resolver problemas cotidianos más allá del discurso. Nuestro problema crónico no es de diseño, sino de ejecución deficiente, regulada por estos sistemas administrativos. Por lo que, si queremos transformar la operación estatal, debemos exigir la modernización de los mismos.
Lamentablemente, los planes de gobierno apenas los abordan. Se centran en políticas públicas sin evaluar su factibilidad de implementación. Así, un análisis de la dimensión institucional en los resúmenes de los 35 planes publicados revela lo siguiente: solo un plan menciona de forma general la reforma de los sistemas administrativos; y, a nivel de referencias explícitas sobre los sistemas: 31% de los planes gobierno no menciona ninguno; 29% uno; 26% dos; 9% tres; y solo 6% cuatro o más.
Incluso con una interpretación extensiva (por ejemplo, asumiendo que “impulsar la meritocracia” implica reformar recursos humanos), las cifras mejoran poco, pero igual son bajas: 17% menciona un sistema; 34% dos; 20% tres; 11% cuatro; y solo 17% cinco o más.
En resumen, la mayoría de los planes ignora la complejidad y funcionamiento de la administración estatal. Su transformación requiere romper los hilos de los sistemas actuales mediante una modernización sostenible: no solo eficiencia en lo existente, sino cambios profundos, desarrollo de capacidades integradas para coordinar actores, aprender de la experiencia y generar valor público. Así se evita la rigidez, sobrecarga, desintegración e ineficiencia burocrática.
Ojalá el partido ganador comprenda esta realidad pronto y perfeccione su plan. De lo contrario, las políticas prometidas quedarán en buenos deseos —tal como lo vemos históricamente— alimentando frustración y desencanto en nuestra democracia.