Esta semana el presidente colombiano Gustavo Petro desató una absurda controversia diplomática al afirmar que Colombia no reconoce la soberanía peruana sobre la llamada isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas en Loreto. Sin sustento alguno, Petro acusó a nuestro país de ocupar territorio colombiano y afirmó desconocer “a las autoridades de facto impuestas en la zona”.
Como ya han explicado diversos especialistas, dicha isla surgió en la década de 1970 como consecuencia de una división natural de la isla Chinería, perteneciente al territorio peruano según lo ratificado en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.
Lejos de basarse en argumentos serios, esta pataleta presidencial parece más bien obedecer a los afanes de un político irresponsable por encontrar una batalla contra un enemigo externo que le genere los réditos que en su país le son esquivos. Y le son esquivos porque, a todas luces, la de Petro es una gestión que viene infligiendo un daño grande a Colombia.
Justamente este jueves se cumplieron los primeros tres años del mandato. Este hito es oportuno para revisar los resultados (o más bien la ausencia de estos) que a la fecha ha dejado la gestión del primer presidente abiertamente izquierdista en la historia colombiana.
En lo que respecta a la economía, las cifras de crecimiento ponen a Colombia en la cola regional, con un magro 0.6% en 2023 y 1.7% en 2024. Este enfriamiento ha venido acompañado de una inflación que el año pasado estuvo en 5.4% y que este año se proyecta en alrededor de 5%.
En el futuro, los resultados podrían ser incluso menos auspiciosos si prospera la reforma tributaria propuesta por Petro, quizás su principal propuesta de política económica, que plantea la imposición de nuevos impuestos a ganancias, patrimonio y ciertas transacciones financieras. Hoy esta política se debate en el Congreso y podría ser aprobada en los próximos meses.
Otro elemento particularmente sensible en Colombia son los esfuerzos de pacificación y lucha contra los grupos armados. Cuando Petro llegó al gobierno, prometió alcanzar una “paz total” implementando los alcances del acuerdo firmado con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos, así como extendiendo su alcance a otros grupos guerrilleros. No obstante, tres años después, los resultados dejan mucho que desear. En 2023 se registraron unas 300 víctimas de la violencia, y en 2024 unas 267. Más aún, a inicios de este año, el Gobierno suspendió los diálogos de paz que había iniciado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el principal grupo de guerrilla aún en activo. A ello se suma el crecimiento de la violencia política, marcado por el atentado contra el precandidato opositor Miguel Uribe Turbay hace dos meses.
De otro lado, en lo que respecta a los cultivos de hoja de coca (un problema estrechamente vinculado con la guerrilla), su proliferación ha llegado a picos históricos. Aunque aún no se publican datos para 2024, ya en 2023 se alcanzaron las 253,000 hectáreas sembradas, la cifra más alta de la que se tenga registro. Solo durante la administración Petro, el crecimiento ha sido de un 25%, y se espera que la cifra sea aún más alarmante cuando se publiquen los datos para 2024.
En el ámbito de la delincuencia común, el panorama es también sombrío. Los secuestros, un problema históricamente complejo en Colombia, han registrado picos de 338 y 313 casos en 2023 y 2024, respectivamente, luego de promediar 170 en los cinco años previos al inicio del gobierno de Petro.
Por si todo esto fuera poco, los indicios de corrupción han proliferado. Particularmente sensibles son las acusaciones de un aporte de US$120,000 a la campaña presidencial de Petro por el detenido contrabandista “Papá Pitufo”, las acusaciones de lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo del presidente, y los casos de nepotismo en la petrolera estatal Ecopetrol.
Todo esto en medio de un manejo político torpe hasta el punto de llegar a lo cantinflesco. Particularmente patético fue aquel célebre consejo de ministros televisado de febrero de este año, en el que durante cuatro horas los propios ministros de Petro y hasta su vicepresidenta cargaron contra el mandatario y su gestión.
Así las cosas, bien haría el presidente colombiano en hacerse cargo de sus problemas internos, en lugar de pretender cosechar aplausos baratos inventando invasiones y enemigos inexistentes. Una vergüenza.