La posibilidad de una guerra prolongada en Medio Oriente vuelve a colocar a la economía mundial ante un escenario conocido: precios elevados del petróleo y del gas natural. Cada vez que la energía se encarece de manera abrupta, las consecuencias se sienten rápidamente en todo el sistema económico global. No es casualidad que las grandes crisis inflacionarias de las últimas décadas hayan estado asociadas a shocks petroleros.
Si las tensiones geopolíticas mantienen el petróleo en niveles cercanos o superiores a los 100 dólares por barril, el impacto más inmediato sería un rebrote de presiones inflacionarias. La energía está presente en casi todas las cadenas productivas: transporte, electricidad, fertilizantes, alimentos y logística. Cuando su precio sube, termina funcionando como un impuesto global que encarece la producción y reduce el poder adquisitivo de los consumidores.
Esto tendría una segunda consecuencia importante: reduciría el margen de los bancos centrales para reducir las tasas de interés. Si la inflación vuelve a repuntar, estos probablemente mantendrían una política monetaria restrictiva por más tiempo. El resultado sería un entorno de crédito caro y menor inversión. En conjunto, el mundo podría enfrentar un periodo de crecimiento mediocre acompañado de mayor volatilidad financiera.
¿Cómo se afectaría el Perú en este escenario? El impacto sería mixto. Por un lado, siendo importador neto de combustibles líquidos, un petróleo caro se traduciría en mayores costos de transporte y presiones inflacionarias, pudiendo complicar el manejo de la política monetaria y retrasar el proceso de reducción de tasas de interés. Además, podría generar presiones políticas para ampliar subsidios o reducir impuestos, con un impacto fiscal.
Por otro lado, el Perú también podría beneficiarse por el lado de los minerales. Los episodios de incertidumbre geopolítica suelen elevar el precio del oro, considerado un activo refugio. Asimismo, la transición energética global continúa impulsando la demanda por cobre, donde somos uno de los mayores productores del mundo. Si estos precios se mantienen altos, las exportaciones mineras podrían compensar parcialmente el impacto negativo del encarecimiento de la energía. En consecuencia, el efecto neto para la economía peruana probablemente sería moderadamente negativo, pero manejable desde el punto de vista macroeconómico.
Sin embargo, el panorama cambiaría significativamente si a este shock externo se le sumara un shock político interno, como la elección de un gobierno de izquierda con una agenda económica intervencionista. En ese escenario, la incertidumbre regulatoria y las expectativas de mayores impuestos, controles o cambios en las reglas de inversión podrían afectar severamente la confianza empresarial y el impacto sobre el crecimiento podría ser considerable. Podríamos terminar creciendo apenas entre 1% y 2% anual, muy por debajo del potencial.
En un mundo cada vez más incierto, preservar la credibilidad de las instituciones económicas y mantener un clima favorable a la inversión no es solo una opción de política: es una condición esencial para proteger el crecimiento y el bienestar del país.