En el debate público moderno existe una regla poco conocida, pero extraordinariamente útil para entender por qué la desinformación prolifera con tanta facilidad. Se conoce como la Ley Brandolini, formulada en 2013 por el programador y desarrollador de software italiano del mismo nombre que sostiene que refutar una afirmación falsa requiere mucho más esfuerzo que producirla. La formuló durante debates en Internet sobre desinformación en el contexto de la política italiana y el auge de narrativas populistas.
La frase describe con precisión un problema central del debate público contemporáneo: la facilidad con la que circulan afirmaciones falsas frente a la dificultad de desmentirlas eficazmente. Su enunciado es simple y demoledor: la energía necesaria para refutar una tontería es mayor que la necesaria para producirla.
Este fenómeno siempre ha existido, pero se ha intensificado con las redes sociales que favorecen los mensajes breves, emocionales y contundentes. Un video corto con una acusación incendiaria puede alcanzar millones de personas. En cambio, una explicación rigurosa desmintiéndola rara vez obtiene la misma atención. La consecuencia es que el debate público se vuelve cada vez más superficial.
Un político puede afirmar en pocos segundos que “los peajes son un robo”, que “las empresas privadas se enriquecen abusivamente”, “que los recursos se quedan en la capital” o que “las AFP se roban nuestro dinero”, entre otras mentiras simples y fáciles de repetir. Pero desmontarlas exige explicar contratos de concesión, estructuras de costos, reglas fiscales o incentivos económicos. Es decir, argumentos más largos y complejos que rara vez tienen el mismo impacto. La asimetría es evidente.
Este problema es especialmente visible en países con instituciones frágiles y alta desconfianza hacia la política, como el Perú. En ese contexto, las narrativas simples —aunque sean incorrectas— encuentran terreno fértil. Por ejemplo, afirmar que eliminar peajes resolvería el problema del transporte urbano puede sonar atractivo; pero explicar por qué esa decisión puede generar costos fiscales enormes, deterioro de la infraestructura y menor inversión privada requiere una discusión más técnica. Y en el espacio público actual, las explicaciones técnicas compiten en clara desventaja frente a los eslóganes.
Algo similar ocurre con el llamado populismo fiscal. Prometer bonos, subsidios, aumentos de sueldo o nuevas exoneraciones tributarias puede hacerse en una frase. Explicar cómo se financiarán, qué efectos tendrán sobre el déficit fiscal o cómo podrían afectar la inflación es mucho más complicado.
La política moderna ha aprendido a explotar esta asimetría. Muchos líderes populistas no necesitan demostrar que sus propuestas son viables; les basta con instalar una narrativa simple que resuene con el malestar ciudadano. Luego, cuando los economistas o técnicos intentan desmontar esas afirmaciones, ya es tarde: el mensaje inicial ha calado en la opinión pública. Lo estamos viviendo en nuestro proceso electoral y se hará muy evidente en los debates presidenciales que empezaron ayer. Ojalá los electores no se dejen engañar y castiguen en las urnas a estos vendedores de cebo de culebra.