Hace unos días el Banco Mundial presentó su informe “Perú - Revisión de Finanzas Públicas: Movilizando Recursos para la prestación de servicios y el crecimiento”. El informe busca responder dos preguntas clave: cómo asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el Perú y cómo movilizar más recursos, y utilizarlos mejor, para mejorar la calidad del gasto público. Analiza aspectos críticos como: recaudación/impuestos, gasto e inversión pública, capacidad institucional y prestación de servicios públicos.
El diagnóstico es lapidario, ya que señala que Perú, que hasta hace poco fue una economía de alto crecimiento que logró reducciones significativas de la pobreza, ahora presenta bajo crecimiento, desconfianza ciudadana e inestabilidad política. No crecemos lo suficiente para reducir la pobreza y la capacidad del Estado para convertir recursos en servicios públicos efectivos se ha debilitado. El crecimiento ya no se traduce en mejoras sociales automáticas, y la debilidad institucional no permite que la inversión pública resulte en servicios de calidad para la población. Hoy, más del 90% de los peruanos desconfía del gobierno y nuestro crecimiento potencial se sitúa alrededor de 2.5%, comparado al 6% promedio anual de hace poco.
El informe propone importantes recomendaciones para revertir la situación. Resalto las más destacadas: mejorar la recaudación fiscal ampliando la base impositiva y reduciendo la evasión; fortalecer la gobernanza y la capacidad institucional del Estado, mejorando la calidad regulatoria, la transparencia, la planificación presupuestal, la gestión de inversión pública, y asegurando rendición de cuentas; reformular el diseño, planificación y ejecución de la inversión pública; orientar el gasto público hacia servicios esenciales con impacto social (salud, educación, agua/saneamiento e infraestructura básica); acompañar la inversión pública con reformas estructurales para mejorar productividad y crecimiento sostenible; y reforzar el marco de gestión fiscal, adoptando buenas prácticas de gestión presupuestal, empleo público y programación multianual del gasto. Todas ellas las conocemos, pero no implementamos.
Reconoce que hay grandes obstáculos para implementar las recomendaciones, incluyendo fragmentación institucional y débil gobernabilidad, resistencia política y social a reformas de todo tipo, capacidad limitada del aparato público, falta de continuidad de políticas, e inversiones públicas mal diseñadas o ejecutadas que impide que se traduzcan en mayor beneficio. Resalta que el país ya no puede confiar simplemente en crecer para reducir la pobreza, necesita además un Estado eficiente que invierta bien.
El informe concluye que podemos retomar la senda de alto crecimiento que tuvimos entre fines de los noventa y 2013 cuando logramos reducciones significativas de la pobreza, si aprovechamos nuestras oportunidades estratégicas clave y abordamos las reformas que abandonamos hace ya buen tiempo por desinterés de nuestra clase política. Es lectura obligada para los que estén trabajando los planes de gobierno de los distintos candidatos, si realmente lo van a hacer con seriedad.