La marcha del 15 de octubre fue una poderosa demostración de hartazgo. Miles de jóvenes salieron a las calles de Lima y de distintas regiones bajo el lema generación Z, cansados de la inseguridad, el desempleo y la corrupción que corroen al país. Su reclamo fue legítimo y esperanzador: quieren un Perú distinto, con autoridades competentes y honestas. Pero lo que empezó como una jornada pacífica terminó empañada por la violencia, los enfrentamientos con la policía y la muerte del joven Eduardo Ruiz. Tampoco faltaron los políticos infiltrados, mayoritariamente de izquierda, que buscaban llevar agua a su molino creando caos y azuzando la violencia.
Las imágenes de la noche en el centro de Lima mostraron el caos: con manifestantes derribando vallas, lanzando piedras, bombardas y bombas molotov; obligando a que la policía tenga que recurrir a gases lacrimógenos y mayor fuerza para controlar los desmanes. El triste saldo fue un manifestante fallecido y muchos heridos en ambos lados. El Gobierno denunció la presencia de infiltrados; algunos apuntaron a grupos de izquierda radical que buscaron aprovechar la movilización. No hay pruebas concluyentes, pero sí una verdad evidente: cuando una protesta deriva en violencia, pierde su fuerza moral y se deslegitima.
Por eso es indispensable trazar límites claros. Protestar es un derecho, pero protestar con el rostro cubierto no lo es. En varios países se prohíbe expresamente participar en manifestaciones usando pasamontañas, capuchas, cascos o cualquier elemento que impida la identificación. Y no por capricho: quien se tapa la cara lo hace porque no quiere ser reconocido al cometer actos de vandalismo. Si la manifestación es pacífica, no necesita anonimato. El Perú debería adoptar una norma similar y facultar a la policía a detener a quienes incumplan esa disposición y a la justicia a penalizarlos severamente.
La protección del derecho de protesta exige distinguir entre ciudadanos indignados y encapuchados violentos. La población tiene todo el derecho a exigir cambios, pero también la responsabilidad de hacerlo dentro de la ley y de la razón. La violencia destruye la causa que dice defender. La indignación solo tiene sentido si se canaliza de manera pacífica y constructiva, sin dejarse manipular por intereses políticos o ideológicos. Asimismo, hay que recordar que el verdadero cambio no se consigue en las calles, sino en las urnas.
El 12 de abril tenemos la obligación de elegir bien. Si seguimos eligiendo al mismo perfil de congresistas mediocres, gobernadores y alcaldes corruptos, y presidentes improvisados, nada mejorará. La protesta es una señal de vida democrática, pero el voto informado es el que transforma la indignación en cambios. El 15 de octubre demostró que el Perú no está resignado, y que hay una generación joven creciente dispuesta a hacerse escuchar. Ojalá también esté dispuesta a mirar de frente, actuar con responsabilidad y votar mejor. Solo así conseguiremos construir un país donde respetemos a los que nos gobiernan y que nos permita transitar de la indignación a la esperanza.