El Perú no solo enfrenta una crisis política coyuntural, sino una crisis estructural de institucionalidad. El Estado ha sido progresivamente capturado por redes clientelistas que utilizan los cargos públicos como botín. Pese al aumento sostenido del número de servidores públicos y de sus remuneraciones, la calidad de los servicios, la ejecución de la inversión y la infraestructura pública siguen siendo deficientes. El problema no es la falta de recursos, sino la pésima calidad de quienes toman decisiones y gestionan el aparato estatal.
Esta degradación tiene raíces profundas. La ausencia de una carrera pública meritocrática ha convertido al Estado, desde ministerios hasta municipalidades, en un espacio de discrecionalidad política, donde el vínculo partidario o personal pesa más que la competencia técnica. Ello genera una burocracia sin incentivos, incapaz de planificar, ejecutar y rendir cuentas, y explica por qué miles de millones de soles terminan malgastados en obras inconclusas o absurdas, sin impacto real en el bienestar ciudadano.
Romper este círculo vicioso exige reformas claras, empezando por fortalecer y hacer obligatorio el tránsito al régimen del Servicio Civil (Servir), cerrando las puertas al ingreso político y al “tarjetazo”. Esto será una gran lucha, ya que fue resistido por la “burocracia dorada” que presionó para ser excluidos o para dilatar los plazos de tránsito para quedarse en regímenes más laxos. Mientras Servir no tenga capacidad de sanción directa inmediata sobre decisiones públicas de contratación, poco cambiará. También ayudaría si para calificar a incrementos presupuestales las instituciones tienen que estar incluidas en Servir.
En este esfuerzo, la tecnología, y en particular la inteligencia artificial, pueden convertirse en aliados decisivos. Sistemas automatizados pueden filtrar contrataciones públicas cruzando información académica y antecedentes en tiempo real, calificar a candidatos y postores, detectar patrones anómalos en compras y obras públicas que revelen sobrecostos o colusión; y simplificar trámites mediante atención digital, reduciendo espacios para la coima y el abuso discrecional. La IA no reemplaza la ética, pero puede actuar como un auditor permanente que no responde a presiones políticas. También ayudaría a evitar que se presenten perfiles de puesto a la medida del amigo político y a estandarizar los requisitos de contratación a nivel nacional.
Sin embargo, ninguna herramienta funcionará sin voluntad política, la cual se define en las urnas. Habría ayudado una reforma política previa que elimine el voto preferencial y regule efectivamente el financiamiento de campañas, ya que con los políticos de ahora nada va a cambiar. Mientras llegar al poder implique “deudas” con aportantes y operadores, los cargos públicos seguirán siendo la moneda de pago. Ojalá los votantes entiendan que, para tener un Estado eficiente, meritocrático y transparente hay que elegir a personas honestas, comprometidas con fortalecer las instituciones, profesionalizar el Estado y usar la tecnología para servir al ciudadano. Tenemos que ganarle a la mediocridad enquistada en nuestras instituciones y políticos.