Estamos a las puertas de renovar a las autoridades de todo el Estado. En 2026, como ocurre cada 20 años, coincidirán las elecciones nacionales y regionales. Como se esperaba, habrá 39 listas de candidatos en estos comicios, en los que se elegirá, probablemente con una pequeña representación debido a la pulverización del voto, al presidente, senadores y diputados.
Sin que aún se hayan realizado las elecciones internas —donde se definen los representantes que competirán en las elecciones generales—, ya somos testigos del desfile de múltiples candidatos que se autoproclaman ganadores. Su único respaldo suele ser el hecho de ser conocidos o líderes natos dentro de sus partidos, pero carecen de propuestas concretas. Más allá de discursos políticos que buscan atraer emociones, estas propuestas carecerán finalmente de viabilidad real, dado el margen limitado de recursos disponibles.
El votante de hoy debe tener la capacidad de valorar y determinar si lo que promete el candidato de su preferencia es o no factible. Porque tan importante como conocer quién es el candidato es comprender quién está a su alrededor y qué medidas de política pública aplicará en los primeros 100 días y durante el primer año de gobierno para poder iniciar seriamente la resolución de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad.
Quizá cabe la analogía con el trabajo agrícola: el primer año es para tomar las medidas urgentes y sembrar las semillas; el segundo para regar y alimentar la tierra; el tercero es para que crezca el fruto; y el cuarto para cosechar, pues en el quinto nuevamente entraremos a un proceso electoral.
Por ello, más allá de dejarse convencer solo por las caras (conocidas y desconocidas), también deberíamos exigir conocer quiénes integran el equipo detrás del plan de gobierno. Es fundamental evaluar, desde una perspectiva técnica, la factibilidad económica, legal, política, social y ambiental para implementar las políticas públicas dentro del plazo propuesto. No podemos permitir que, por no indagar en quiénes están detrás de las propuestas, sobrinos, amigos o improvisados sin credenciales idóneas levanten la voz en representación de temas de interés nacional sin argumentos sólidos ni representación alguna.
Pero esta no es una tarea fácil para el ciudadano de a pie. Es la Academia en el sentido amplio: universidades, escuelas de posgrado, centros de pensamiento, gremios profesionales, organismos no gubernamentales, entre otros, la que tiene un rol muy importante para asegurar una real transparencia de los planes de gobierno, que históricamente han sido manifiestos doctrinarios, promesas utópicas e ideas carentes de viabilidad en la práctica.
Por ello, es preferible desenmascarar la farsa desde el principio, para que al menos votemos con conciencia, sabiendo que probablemente seremos engañados. Así, evitemos depositar una confianza ingenua y sufrir la frustración de descubrir que las promesas hechas por los candidatos, por las que entre otras razones los apoyamos con nuestro voto, no eran más que un engaño electoral.
En una campaña electoral verdaderamente informada, es esencial evaluar la coherencia interna y externa de las políticas y reformas que propone cada candidato y su partido. Aunque el fondo y los motivos de una medida pueden ser compartidos por muchos, lo realmente crucial es el cómo, cuánto, cuándo y quiénes pondrán en práctica estas propuestas. Los planes de gobierno deben dejar de ser meros sueños utópicos o paradigmas doctrinarios para convertirse en planes programáticos concretos, con una hoja de ruta clara, recursos (no solo financieros) y plazos definidos para resolver problemas específicos.
De hecho, implica establecer con claridad no solo las principales políticas públicas (sectoriales y multisectoriales) para la resolución de los complejos problemas que afectan significativamente la vida de los peruanos, y entrampan el proceso de crecimiento y desarrollo económicos en nuestro país, sino también aquellos procesos de reforma y modernización de la operación estatal (con sus once sistemas administrativos) de la administración pública, que será la encargada de llevar a la práctica la implementación de las mejoradas políticas públicas.
Debemos hacer un llamado a fortalecer realmente nuestro sistema democrático. A sentar las bases para escoger de manera más racional y no solo emocional. Durante décadas seguimos cargando el peso de esas continuas y malas decisiones, que se sustentan por la falta de transparencia, análisis, debate técnico y sistemático de las propuestas que traerán los candidatos.