La reciente publicación del reglamento que operativiza la reforma del sistema previsional introduce medidas clave que apuntan a corregir deficiencias del actual modelo. La creación de una pensión mínima asegurada de 600 soles destaca como uno de los avances más relevantes desde una perspectiva de protección social. Esta medida refuerza el pilar solidario del sistema y garantiza una renta básica para quienes, habiendo aportado, no lograron acumular lo suficiente.
No obstante, su financiamiento estatal requiere sostenibilidad. Se deben definir criterios claros de elegibilidad —como años mínimos de aporte— para evitar incentivos negativos tales como la informalidad o el incumplimiento. Uno de los mayores desafíos es el potencial impacto fiscal de esta reforma.
También podrían ser necesarios cambios paramétricos. El incremento de la edad de jubilación anticipada de 50 a 55 años es coherente con el aumento de la expectativa de vida y la necesidad de preservar los fondos durante más tiempo. De igual modo lo es eliminar la posibilidad de retiro del 95.5% del fondo para afiliados menores de 40 años, medida que busca restablecer el objetivo del sistema: asegurar una pensión, no facilitar el consumo inmediato.
Otro reto importante es la inclusión de trabajadores independientes a partir del año 2028. En un país con alta informalidad laboral, imponer aportes obligatorios puede generar resistencia o evasión. Para evitarlo, se deben establecer esquemas flexibles, con aportes proporcionales, incentivos claros —acceso a la pensión mínima, por ejemplo— y educación previsional. En el pasado, el rechazo de la población resultó en la derogación de estos aportes.
La reforma también propone mecanismos innovadores como los aportes por consumo, que permitirían redirigir parte del IGV al fondo de pensiones. De implementarse con claridad operativa, esta medida podría fomentar la formalización del consumo.
Permitir la entrada de nuevos actores, como bancos o cajas municipales, puede dinamizar el sistema, siempre que exista regulación estricta para proteger los fondos de los afiliados y asegurar una competencia leal entre los participantes del mercado. La pelota está en la cancha de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Así, esta reforma marca avances importantes hacia un sistema más justo e inclusivo. Su éxito dependerá de su implementación técnica, la sostenibilidad fiscal y la voluntad política de no ceder ante medidas populistas. La prohibición de nuevos retiros extraordinarios es una corrección necesaria tras siete retiros masivos que vaciaron los fondos de muchos afiliados y desnaturalizaron el sistema.
Cualquier retiro nuevo atentaría contra el espíritu de la reforma. Si se diera, más de 8 millones de personas se quedarían sin saldo y sin derecho a pensión mínima. Peor aún, podría aprobarse una nueva ley que permita el retiro sin perder dicho derecho. Garantizar una pensión digna no puede ser solo una promesa: debe ser una política de Estado. Los políticos de turno deben dejar de timbear con el futuro de los adultos mayores.
(*) Director de AFP Habitat.