Cada vez que pensamos en nuestros barrios, solemos mirar hacia los alcaldes o alcaldesas. Son, al fin y al cabo, a quienes vemos más cerca: los responsables del parque del barrio, del orden del tránsito o de la limpieza de las calles. Sin embargo, reducir la vida urbana a lo municipal es un error que nos cuesta caro. Nuestras ciudades no se definen solo en los distritos, sino también, y de manera decisiva, desde el Estado nacional.
Las políticas más estructurales que moldean nuestras ciudades nacen a nivel nacional. La vivienda, por ejemplo, depende de marcos regulatorios, subsidios y programas que se diseñan desde el Gobierno central. Lo mismo ocurre con el transporte: las grandes inversiones en sistemas integrados, carreteras o trenes no son competencia exclusiva de los municipios. Sin una rectoría nacional clara, lo que tenemos es fragmentación, improvisación y proyectos inconexos.
Pero no se trata solo de políticas; también se trata de recursos. Una parte importante de las inversiones locales depende de transferencias del Gobierno nacional. Son esos fondos los que permiten ejecutar obras, mejorar infraestructura o sostener servicios básicos en cientos de municipios que, por sí solos, no podrían hacerlo. Así, la calidad de vida en nuestras ciudades está directamente vinculada a decisiones fiscales y presupuestales que se toman lejos del ámbito local.
Por eso, estas elecciones son particularmente relevantes. No solo elegiremos a un presidente, sino también a senadores y diputados. Es decir, definiremos el rumbo de las políticas públicas y el equilibrio de poderes que harán posible, o no, una agenda urbana coherente. La articulación entre el nivel nacional y el territorial no ocurre por inercia: requiere visión, coordinación y voluntad política.
Hoy más que nunca necesitamos que esa articulación funcione. Las ciudades enfrentan desafíos complejos: déficit de vivienda, sistemas de transporte colapsados, inseguridad, crisis climática. Resolverlos exige proyectos de gran escala: infraestructura, planificación, inversión sostenida, pero también una mirada sensible a la vida cotidiana de las personas. No basta con grandes obras si estas no mejoran efectivamente la experiencia urbana de quienes habitan la ciudad o, peor aún, la empeoran.
Elegir bien en el ámbito nacional es, entonces, una forma de elegir la ciudad en la que queremos vivir. Es apostar por políticas que integren lo urbano y lo territorial, que alineen recursos con necesidades reales, y que entiendan que el desarrollo no ocurre en abstracto, sino en calles, barrios y comunidades concretas.