En los últimos años, el gasto de fondos públicos ha crecido de manera sustancial; pero su efectividad sigue siendo precaria, sobre todo en lo que concierne al cierre de brechas sociales y la generación de valor público, como la mejora tangible del bienestar ciudadano en su vida cotidiana.
La corrupción y el tráfico de influencias no solo empañan la buena gestión pública, sino que ahora involucran a aspirantes a cargos públicos, presuntamente implicados en actos irregulares por el manejo de la franja electoral, o a las altas esferas del poder con el caso conocido como Chifagate, o la contratación de personal supuestamente calificado en el Gobierno. Esto confirma la urgencia de no gastar más —al menos a corto plazo—, sino de gastar mejor. No tiene ningún sentido seguir otorgando chequeras en blanco ante este mal manejo de recursos públicos.
Una mirada rápida a la recaudación tributaria nos deja ver que en los últimos años los ingresos tributarios sobre el PBI se han mantenido prácticamente estancados: 14.4% en 2019 (prepandemia) y apenas 15.1% en 2025. En contraste, los gastos presupuestarios han escalado significativamente hasta representar el 21.5% del PBI en 2025.
El alza en la deuda pública, asumida para financiar —sobre todo— los gastos de capital del Estado, cuya ejecución financiera ha mejorado notablemente: 89.6% en el Gobierno nacional, 94.0% en regiones y 73.8% en municipios en 2025, frente a 75.3%, 58.2% y 59.4% en 2019, respectivamente, ha presionado el presupuesto en 2.6 puntos porcentuales entre 2015 y 2025 (de 8.4% a 11.0% del gasto total); por ello, los pagos por deuda crecieron 56.1% en términos reales desde 2019, superando tres veces al gasto corriente (+15.1%) y un tercio al de capital (+42.2%). No por gusto en 2025 se destinaron S/27,872 millones al pago de la deuda.
Si bien es cierto que nuestro país sigue exhibiendo una posición fiscal sólida en comparación con nuestros vecinos de la región con un ratio de deuda pública sobre PBI de 32.1%, aún no hemos recuperado nuestro nivel prepandemia (2019) de 26.9%, aunque ciertamente estamos mejor que Chile (42.2%), Colombia (58.7%), México (60.7%), Brasil (92.0%) y en general mucho mejor que el promedio de América Latina (71.1%), pero todavía tenemos un déficit fiscal de 2.2%, por encima de nuestra regla fiscal de 1.0% del PBI que garantiza la prudencia y sostenibilidad de nuestras finanzas públicas en el largo plazo.
Dicho esto, es necesario que en el próximo gobierno se retomen con rigurosidad las estrategias de solarización de la deuda, se incremente su vida útil mediante una adecuada estrategia de reperfilamiento y se perfeccionen los mecanismos de rendición de cuentas y deslinde de responsabilidades por el pago de intereses y comisiones de compromiso por endeudamientos concertados y desembolsados que no se ejecutan en el marco de los proyectos de inversión financiados con convenios de préstamo de la banca multilateral. Estas deudas no las pagan quienes las autorizan, sino todos los peruanos: urge una gestión responsable que alivie esta carga colectiva.
La nueva gestión gubernamental debería introducir incentivos para racionalizar los convenios de préstamo entre ejecutores de proyectos. En los últimos años, la capacidad de gestión de estos financiamientos multilaterales se ha deteriorado notablemente, especialmente en transformaciones de infraestructura tecnológica. Esto cuestiona la efectividad de la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas —vía las direcciones generales de Presupuesto, Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y Tesoro y Endeudamiento— y de los organismos internacionales. ¿Conviene este endeudamiento, con tasas altas y plazos cortos, frente a alternativas como bonos globales más eficientes?
Como hemos reiterado en esta columna, evaluar la calidad del gasto público —mediante revisiones de gasto, evaluaciones de impacto, auditorías de desempeño y otras prácticas internacionales probadas— sigue siendo una asignatura pendiente y urgente en todo gobierno. No se trata de gastar por gastar, sino de hacerlo con efectividad, transparencia y verdadero beneficio para el país.