El último récord del precio del oro alcanzó la astronómica cifra de 5,100 dólares por onza, cifra jamás alcanzada en toda su historia.
Las turbulencias en los mercados internacionales ante los anuncios del presidente Donald Trump, en esta oportunidad, sobre Groenlandia y sus intentos de manipular la Reserva Federal, pese a sus habituales retrocesos, están generando que se apueste por valores seguros como el de este metal.
Los vaivenes también se explican en las guerras en Ucrania y Gaza, así como la intervención de Washington en Venezuela. “En los últimos días, la acción sobre el precio del oro ha sido un comportamiento de manual de refugio seguro”, ha comentado Fawad Razaqzada, analista de mercado de Forex.com, análisis que comparten expertos de distintas regiones del mundo.
Este precio, en teoría, debería promover la inversión minera en el Perú. Sin embargo, la minería formal en nuestro país, para poder invertir, debe atravesar un via crucis de largos y a menudo engorrosos trámites, y también debe enfrentarse a oposiciones ideológicas de los funcionarios de turno. Y la evidencia demuestra que no pocos proyectos terminan quedándose, por ello, en el cesto de la papelería de las burocracias ministeriales o regionales. Por mencionar solo un caso, el de Conga, que pudo haber sacado de la pobreza a Cajamarca expeditivamente.
La otra cara de la moneda es la minería ilegal, que sí se verá beneficiada rápidamente, pues no tiene que preocuparse por los estándares sociales, ambientales, laborales y tributarios que se le exige a la gran minería.
Con el metal dorado alcanzando precios tan elevados, los incentivos para los ilegales aumentan exponencialmente y, por contra, paradójicamente, la formalización minera se vuelve aún más difícil.
En el camino, mientras tanto, la Ley MAPE duerme el sueño de los justos, sin que el Ejecutivo o el Congreso muestren voluntad alguna por sacar adelante esta norma. Como consecuencia, los parlamentarios que defienden el Reinfo —por lo bajo o por lo alto— aducen que no existe otra manera de lidiar con las economías ilegales, más a allá de prolongar, una y otra vez, esta malhadada ley, pese a los costos sociales que acarrea para el país: violencia delictiva, degradación ambiental, corrupción de autoridades e impunidad a diestra y siniestra.