El señor Remontel, francés, tenía una fonda en Tacubaya, Ciudad de México (1838). Se cuenta que unos militares se fueron sin pagar unos pasteles. Habría sido más creíble si se hubiese dicho que fueron unos tacos y unas cervezas, o solo tequilas. No hay certeza, pero lo que sigue es historia oficial: el embajador Antoine-Louis Deffaudis reclamó, no le hicieron caso; se fue a París, regresó con una flota, bloqueó el puerto de Veracruz, incautó barcos mercantes, exigió el pago de 600,000 pesos (lo poco que se le debía a Remontel más los gastos de la flota) y exigió un tratado con preferencias comerciales. Fue la primera guerra entre Francia y México. Se le llamó la “guerra de los pasteles”. Inglaterra intervino, no podía permitir que Francia se quedara con el mercado de México; quiso sacar su tajada y propició la paz. Era lo que Europa hacía en sus colonias de Asia y África en el siglo XIX, pero, como en América éramos jurídicamente soberanos, la dependencia tenía que venir camuflada de tratados de amistad.
Carlos Calvo, argentino, fue abogado de países latinoamericanos contra potencias europeas. De esa experiencia y del antecedente de la guerra de los pasteles, escribió Derecho internacional teórico y práctico de Europa y América (1863). Propuso que los inversionistas extranjeros debían someter sus controversias a los tribunales nacionales, sin acudir a la protección diplomática (la cláusula Calvo). Las constituciones latinoamericanas la recogieron. Nosotros también (1933), a raíz de una disputa con la London & Petroleum Co. (británica) y luego con la International Petroleum Co. (IPC, americana) sobre impuestos por la explotación de yacimientos petroleros en La Brea y Pariñas, Talara (1915). La historia tuvo cinco temporadas. En la primera, la empresa y el gobierno llegan a un acuerdo, pero el Congreso lo rechaza (1915); en la segunda, la controversia se somete a arbitraje en París, que el Perú declara nulo porque el tribunal rescata el proyecto que el Congreso había rechazado (1922); en la tercera, Belaunde logra que la IPC devuelva los yacimientos, pero retiene la refinería y el monopolio de la comercialización (Acta de Talara, agosto 1968); en la cuarta, Velasco da el golpe de Estado, declara nula el Acta de Talara y expropia a la IPC (octubre 1968); en la última, el Perú paga a la IPC, sin reconocerlo expresamente, como parte de un paquete de indemnización para todas las empresas americanas expropiadas (Acuerdo Green - De la Flor, agosto 1973).
Así ha pasado y seguirá pasando. Por tanto, no debiera extrañar la presión de los Estados Unidos para que compremos 24 aviones de guerra (cazas F-16) a la empresa americana Lockheed Martin. Nuestras relaciones siempre serán asimétricas cuando te enfrentas a una potencia. Para que eso cambie, tendríamos que dejar de ser un país de economía media y marginal para el mundo. Sin embargo, aun los países más pobres se hacen respetar si actúan con dignidad. Eso nos faltó en este caso. Dejemos para la auditoría determinar si hubo corrupción y violación de los protocolos de compra. Lo que se sabe es que el contrato estaba cerrado, por lo que la firma era un simple formalismo y pagar la primera cuota era inevitable. Aun así, el presidente decidió que era mejor postergarlo. Los funcionarios decidieron cumplir el acuerdo, desobedeciendo al presidente, en una rarísima excepción, porque suelen ser bien pusilánimes. Si la presión de los Estados Unidos sirvió de algo fue para exigir que se cumpliera lo acordado. Pero el presidente dio vergüenza. Aunque fuese jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no tenía competencia para ordenar la postergación; no siguió el consejo de sus ministros y, si quería hacer lo contrario, no buscó una asesoría especializada; tampoco tuvo la capacidad para convocar a personas y grupos que hubiesen promovido un consenso contra la presión diplomática. La conducta del presidente fue de una torpeza enorme. El problema es que nos representa y evidencia que nosotros fuimos más incapaces que él por colocarlo donde está. Otra hubiese sido la historia si el presidente mostraba carácter y tenía respaldo político. Esa será nuestra gran responsabilidad en la segunda vuelta, elegir bien, con cabeza, con corazón, no con hígado.