Estamos viviendo tiempos críticos, donde la historia pretende ser reescrita y sobre todo se busca distorsionar la realidad vivida por el país. Nos referimos a esta corriente de negación de los hechos de violencia vivida en nuestro país en las décadas de los ochenta y noventa, con la violencia estructural desatada por los criminales y asesinos de Sendero Luminoso como principales responsables de los mayores crímenes cometidos contra población civil, en especial poblaciones enteras de humildes campesinos que fueron asesinados salvajemente.
Esto no puede pasar por “agua tibia”; es una realidad vivida que exige hasta el día de hoy justicia para las víctimas de estas mentes desquiciadas y que nos llevaron a un espiral de violencia sin nombre, que enlutó a miles de familias y que todavía no puede ser atendida por un Estado elefantiásico, que por décadas ha demorado los juicios contra los principales responsables de esta barbarie.
Es cierto que se capturó a la cúpula de poder de Sendero Luminoso y la mayoría de sus integrantes fueron sentenciados a cadenas perpetuas, como Abimael, que se pudrió y murió en una cárcel como correspondía por los delitos cometidos. Pero también quedan todavía muchos prófugos de la justicia de parte de Sendero; algunos viven en el extranjero, exiliados, pero disfrutando después de tanto crimen cometido.
Así como se espera la mayor condena para los dementes de Sendero, también se espera que nuestra justicia pueda atender los casos execrables de violaciones a los derechos humanos cometidos por malos militares y policías, que asesinaron a indefensos campesinos sin contemplación, develándose el asesinato de mujeres, niños y ancianos indefensos. No pueden quedar impunes los casos de Cayara, Accomarca, Putis, Cabitos, entre otros, donde se ha demostrado hasta el cansancio el accionar demencial de patrullas de nuestras fuerzas armadas que arremetieron contra civiles.
Así promuevan leyes inconstitucionales que no solo atentan contra el sistema jurídico nacional, sino que violan acuerdos internacionales que exigen que se haga justicia en casos de crímenes de lesa humanidad, como los mencionados, donde se ha validado con la abundancia de las pruebas los crímenes cometidos, causa mucha indignación ver a un sector negacionista tratando de intimidar a los jueces que se mantienen incólumes ante la presión desde el Congreso para que se aplique la prescripción de estos delitos graves.
En ese escenario, escuchar que uno de los mayores criminales del caso Accomarca, Telmo Hurtado, ‘el carnicero de los Andes’ sale en libertad, genera estupor y vergüenza al verse cómo los criminales de poblaciones civiles indefensas pueden rehuir a la justicia con el manto protector de la impunidad que viene desde el Congreso.
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