Las medidas draconianas y poco sustentadas que han venido tomando una serie de ineficientes municipalidades luego del siniestro ocurrido en el centro comercial Real Plaza de Trujillo están generando nuevas víctimas.
Hasta hace unos días, 100 mil peruanos tenían en suspenso sus empleos, sean directos o indirectos, además de unos 2,500 negocios, entre locatarios –tiendas que operan dentro de los malls– y módulos de ventas, que habían dejado de operar debido al cierre indiscriminado de casi 30 centros comerciales en todo el país. Locales en los que a menudo funcionan también dependencias del Estado para agilizar trámites de la ciudadanía, no lo olvidemos.
En 2022, la joven administradora viajó tres veces al extranjero con su entonces jefe, Juan José Santiváñez.
Todos estos establecimientos fueron barridos temporalmente por el pánico generalizado de autoridades ediles que, de la noche a la mañana, decidieron acrecentar el rigor o la frecuencia de sus inspecciones, esgrimiendo, en algunas de ellas, criterios cuestionables o poco técnicos.
Esa es, exactamente, la justificada preocupación que José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), expresó a Perú21: “Si bien es cierto que hubo una tragedia, la situación ha llegado a un extremo y se ha convertido en una búsqueda de notoriedad por parte de los municipios”.
En ese sentido, si nos ponemos un poco mal pensados, y a la luz de la experiencia con sucesos de impacto masivo, algunos burgomaestres que pretenden obtener réditos políticos usando cínicamente la tragedia, podrían terminar con temas de corrupción estallándoles en la cara. No son pocos los observadores que alegan que en el ejercicio de estas fiscalizaciones es que las coimas suelen correr cual otorongos en busca de aguinaldos y escolaridades fantasmas.
Además, es como si las comunas estuvieran haciendo a la loca una fiscalización que debieron hacer meticulosamente hace tiempo (trabajo ex post); pero resulta que, como apunta Contreras, disponen ahora, apresuradamente, las clausuras, “cuando lo normal es que los comercios tengan hasta dos días para subsanar las observaciones”.
Estas paralizaciones ‘efectistas’, por llamarlas a sí, le hacen daño al país y, sobre todo, afectan a la economía formal, que es lo que las autoridades deben defender, por encima de cualquier cálculo político. Está muy bien que se retomen las tareas de prevención y seguridad en los municipios, inspecciones serias y profesionales, pero en las condiciones en que está el país, la demagogia sale sobrando.
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