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Discusión o negociación del proyecto de presupuesto 2026

"Un dato muy relevante es que la partida destinada a remuneraciones crece un 11.8%, es decir, cinco veces más que el aumento promedio general, lo que implica un incremento significativo en la burocracia”. 

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(Midjourney/Perú21)
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Fecha actualización:
14/09/2025 - 07:05
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Hace algunas semanas, el Ejecutivo presentó al Congreso de la República los proyectos de ley de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento para el año fiscal 2026, para su discusión y aprobación. Así comenzó la discusión de la ley general más importante del Estado para el próximo ejercicio fiscal, ya que ninguna política pública en ningún sector puede desplegarse sin los recursos necesarios, los cuales solo se gestionan mediante la administración financiera gubernamental. El marco legal anual más relevante está constituido por estas tres leyes, en especial la ley de presupuesto, donde la representación nacional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable y bajo el principio de maximizar el valor público y el bien común, asigna los escasos recursos públicos —que son fruto del esfuerzo de todos los peruanos— entre fines alternativos y a partir de la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo.

Tocará iniciar las casi rituales discusiones en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, adonde los titulares del Poder Judicial, ministerios, organismos constitucionalmente autónomos y gobiernos regionales asistirán para fundamentar y lograr la asignación de mayores recursos a los créditos presupuestarios ya consignados en el proyecto de ley de presupuesto, particularmente para financiar sus proyectos de inversión.  

El proyecto de presupuesto presentado para este año asciende a 258,000 millones de soles, con un aumento de tan solo 5,761 millones respecto al presupuesto de 2024, lo que representa un incremento del 2.3%. Sin embargo, un dato muy relevante es que la partida destinada a remuneraciones crece un 11.8%, es decir, cinco veces más que el aumento promedio general, lo que implica un incremento significativo en la burocracia.

Lo que también es evidente es que tendremos mucho más gasto corriente y menos gasto de capital, a pesar de las enormes brechas de infraestructura que tenemos y que impiden, entre otros factores, alcanzar tasas de crecimiento económico superiores al 4%, sin lo cual no se puede pensar en reducir efectivamente la pobreza y la desigualdad. De hecho, el proyecto de presupuesto 2026 contempla menos de S/7,648 millones para el financiamiento de inversiones en la genérica Activos No Financieros que el presupuesto institucional de apertura 2025.  

Como suele ocurrir en este escenario, se darán negociaciones políticas y empresariales para incluir nuevos proyectos, quitando recursos de la reserva de contingencia y reduciendo montos de proyectos ya previstos, lo que ralentizará los proyectos en ejecución y generará costos económicos y sociales. Por ello, es crucial que la Academia y centros de investigación y pensamiento vigilen qué modificaciones, por qué, para qué y por quién se introducen en el Anexo 5 del proyecto de ley.

Lo que se aprobará en este próximo mes de noviembre es solo la asignación inicial para la ejecución en bienes, servicios y obras para el año fiscal 2026. Sin embargo, esta asignación variará durante el año, ya que las cientos de miles de modificaciones presupuestarias que se producen en la práctica —frecuentemente por montos mayores al presupuesto total— generan una baja credibilidad en la gestión presupuestaria en el Perú. Así, la ejecución queda en manos de la función ejecutiva a nivel nacional, regional y local, responsables de gestionar los recursos institucionales. En consecuencia, las negociaciones no solo ocurren en la etapa de aprobación, sino también durante la ejecución, produciendo cambios e incertidumbre que dificultan aún más la planificación y complican la implementación, que ya es compleja y poco eficiente debido a la burocracia y normatividad vigente.

Por ello, reformar el proceso presupuestario debe ser una de las prioridades del próximo gobierno, buscando mayor transparencia, responsabilidad y rigor técnico a través de una integración efectiva entre planificación, programación, presupuestación y ejecución. Solo así las inversiones y políticas públicas podrán concretarse efectivamente, pues el presupuesto es la “política de las políticas públicas”: lo que no está en el presupuesto, simplemente es una ilusión.   

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