Desprotegidos

Es inaceptable que el ministro de Educación, Morgan Quero, considere como una “práctica cultural” la violación de escolares por parte de maestros en una comunidad awajún. Se trata de constantes denuncias contra profesores por hostigar y abusar sexualmente a estudiantes menores en más de 500 casos en Condorcanqui (Amazonas) desde 2012. (Salud con Lupa y Perú21). No se trata solo de desafortunadas palabras del ministro, sino de una lamentable forma de pensar y abordar una denuncia tan grave en su sector. Es realmente escalofriante que un funcionario de su nivel no tenga claro que la violación sexual de menores en el país es alarmante y que el Estado y los funcionarios de educación tienen el compromiso de ofrecer espacios seguros para los menores estudiantes. Ante una denuncia donde los profesores violan sistemáticamente a sus alumnas, las contagian de VIH y esto queda impune, ¿cómo se le ocurre tan siquiera pensar que se trataría de una “práctica cultural” con la que hay que ser prudente? La ciudadanía debería exigir que este ministerio esté a cargo de alguien que sea irreprochable en algo tan básico como la protección de menores ante la violación sexual.

Vamos a recordarle al ministro que según estadísticas del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del total de casos de violencia sexual reportados entre 2018 y 2023, el 70.45% fueron contra niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años. Es decir, en ese periodo, en 7 de cada 10 casos de violencia sexual las víctimas fueron menores de edad.

Según un reciente informe del Ministerio Público (Junio, 2024) sobre la caracterización de la violación sexual de niñas, niños y adolescentes menores de 14 años, se hizo un acercamiento a la caracterización del delito en base a los 270 dictámenes analizados entre enero y junio 2023 que comprende 276 víctimas y 271 condenados. Los resultados arrojaron que el 100% de personas condenadas son hombres, y que las víctimas en su mayoría son mujeres, 258 niñas/adolescentes y 18 niños/adolescentes. El reporte alerta que es posible que por el estigma de género la violación de niños y adolescentes varones podría estar invisibilizada.

En cuanto a la relación entre el perpetrador y la víctima el 49.4% existe un vínculo familiar, tanto consanguíneo y de afinidad, siendo el padrastro (14.1%), el tío (14.1%) y el padre (8.3%) quienes en su mayoría cometieron la violación sexual. En el 40.1% que sigue se encuentra una persona conocida por la víctima: un vecino, amigo o profesor, y en el 10.5 % fue una persona desconocida por la víctima. En esta misma línea, según la Unicef, un 67% de los agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes está en el entorno familiar y cercano de las víctimas. (2022)

Esa es la realidad ante este drama cuya lucha enfrentó esta semana otro retroceso desde el Congreso, ya que la Comisión de la Mujer y Familia aprobó el proyecto de ley de la congresista Milagros Jáuregui, la cual celebra en redes que los padres de familia puedan exonerar a sus hijos de los cursos de Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios públicos. Sí, la herramienta que precisamente brinda la información necesaria para que los menores puedan reconocer y defenderse de la violencia sexual que se sufre principalmente dentro de los entornos más cercanos de las víctimas; y por parte de quienes están llamados a protegerlos.

Una lástima que tengamos políticos y funcionarios que por sus creencias o falta de educación sexual estén lejos de comprender esta grave problemática y de cumplir la función mínima de proteger a los menores, que es lo que se espera de sus cargos. Lamentablemente, es parte del problema contra este flagelo.