Entre los grandes desaciertos del gobierno de la señora Dina Boluarte, se suma el haber desactivado el Proyecto Legado, declarado de interés nacional por el Decreto de Urgencia 004-2020 para el mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura levantada en los exitosos Juegos Panamericanos Lima 2019 y cuyas obras dan cuenta de su herencia en favor del deporte, caso el Polideportivo Villa El Salvador, la remodelación del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otros, sin contar que nuestro país brillara en las competiciones, colocándose en el top 10 del medallero final del evento, con 39 medallas ganadas por nuestra delegación nacional.
Tal desactivación se hizo con la finalidad de transferir el millonario presupuesto e infraestructura levantada en favor del Instituto Peruano del Deporte – IPD, que como sabemos goza de cuestionamientos e investigaciones por parte de los operadores de justicia y cuyas gestiones, no han mostrado la eficiencia de los citados Juegos Panamericanos de 2019. A tirios y troyanos cayó mal tal decisión de la gestión Boluarte, que se trató de justificar por supuesta duplicidad de funciones con el IPD, lo que fuera desmentido en su momento por Carlos Neuhaus, otrora presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019.
En mi opinión, todo esto fue percibido como un acto de angurria por echar mano al presupuesto del Proyecto Legado, pasar de la asistencia técnica y transferencia de conocimientos de Gobierno a Gobierno, en este caso, con Reino Unido, a ser administrado, por un ente de alicaída gestión pública, el IPD, adscrito al Ministerio de Educación, cuyo titular era el inefable ministro Morgan Quero.
El tiempo lastimosamente ha dado la razón a los críticos y corroborado que fue un monumental desacierto, evidenciado con la desastrosa organización de los Juegos Bolivarianos en curso, del que dan cuenta los propios participantes, peruanos y extranjeros, que ha obligado a ofrecer disculpas públicas al IPD, lo que ha dado la vuelta al mundo, certificando lo calamitoso de la administración del evento, donde las delegaciones no tenían donde comer ni dormir y lo que es peor, según los quejosos, que nadie respondía ni asumía responsabilidades los días iniciales.
Las preguntas caen de maduras ¿Qué se hizo con el millonario presupuesto del Proyecto Legado? ¿Hubo adelantos irregulares a las contratistas a cargo de las obras deportivas? ¿Hasta dónde alcanza las responsabilidades administrativas y penales de Dina Boluarte, Morgan Quero y Wilfredo Oscorima, en todo este escándalo?
Esperemos que el Ministerio Público proponga al Poder Judicial las intervenciones e incautación de documentación de todos los involucrados y se aplique con severidad las sanciones de ley. Basta de mancillar la imagen del Perú y de gestionar mal sus recursos.