La muerte del candidato Miguel Uribe Turbay (39) ha tenido un hondo impacto entre la población colombiana, que lo está despidiendo con consternación, pero, sobre todo, con fervor democrático.
Se trata del octavo magnicidio que se produce en el país, una modalidad político criminal que no ha distinguido ideologías ni posturas políticas. Las víctimas han sido líderes –candidatos presidenciales, la mayoría– tanto de la izquierda como de la derecha, pero siempre personalidades con arrastre popular y trayectorias públicas en ascenso.
Hacia la mitad del siglo XX en adelante, Colombia, como se sabe, ha vivido zarandeada por una violencia proveniente tanto de grupos armados de extrema izquierda como de los poderosos cárteles del narcotráfico.
Aunque en 2016 se firmó el llamado Acuerdo Final de Paz con la principal fuerza guerrillera que operaba en su territorio, las FARC, algunos grupos disidentes decidieron retomar las armas y amenazan constantemente el proceso de pacificación en que entró el país. Trabajando ya mayormente para los narcotraficantes, es a estas bandas criminales que, de momento, se atribuye el ataque mortal al senador Uribe Turbay.
Pero más allá del inflamado badulaque que los colombianos tienen ahora como presidente, retratado en su minúscula estatura moral al inflar el monigote patriotero para salvar una circunstancia política interna, el tema debe llevarnos a analizar la situación en nuestros países.
Aparte de que un asesinato político –del candidato presidencial Fernando Villavicencio– muy parecido a los ocurridos en Colombia tuvo lugar en Ecuador hace dos años, la amenaza de la violencia criminal está poniendo en jaque a varios Estados de la región. El avance de la delincuencia callejera y el crimen organizado crece incesantemente sin que las democracias atinen a detenerlo. Y el costo de este avance no se limita a las pérdidas humanas y materiales, que son lamentables, desde luego: a la larga afecta también a las bases mismas de la convivencia social que la ley regula.
El poder de las economías ilegales se ha extendido tanto que hasta ha infiltrado los ámbitos de la política y los poderes del Estado. Lo hemos visto en Colombia, lo vemos en Ecuador y lo vivimos en el Perú.
Si las democracias no encuentran, ya mismo, estrategias para defenderse de las fuerzas oscuras de la ilegalidad que las están asfixiando, puede que mañana sea demasiado tarde.
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