Además de los continuos problemas políticos a los que ya estamos acostumbrados, el Perú enfrenta hoy el gran desafío de mantener el derecho mínimo de acceso a una vida digna; y esta situación se evidencia ante los altos índices de pobreza y desigualdad que se focalizan, especialmente, en áreas vulnerables dentro de las grandes ciudades.
Según datos del INEI, en 2024 la pobreza alcanzó al 27.6% de la población peruana, es decir, 9’395,000 compatriotas sobreviven con menos de 454 soles mensuales. En tanto que el 5.5% de la población (1’872,000 personas) está en extrema pobreza y no accede a una canasta básica alimentaria equivalente a 254 soles mensuales. Si bien es cierto que estas proporciones se han reducido en 1.4 y 0.2 puntos porcentuales respecto del año 2023, revelan una enorme brecha que como sociedad debemos cerrar.
Estas brechas solo podrán cerrarse si el país alcanza un crecimiento económico sostenido de al menos 4% anual. Para lograrlo, es prioritario implementar políticas que impulsen una mayor inversión privada y fortalezcan la seguridad jurídica. Asimismo, se requiere una mejora sustancial en los programas sociales, los cuales deben ser rigurosamente evaluados y perfeccionados, especialmente en lo que respecta a su focalización, con el fin de reducir problemas de filtración y subcobertura. A esto se suman los persistentes desafíos relacionados con la corrupción y la deficiente gestión pública, como lo han evidenciado recientemente los cuestionamientos en torno al programa Qali Warma.
Tengamos presente que reducir de manera sostenible la pobreza y la extrema pobreza exige no solo recursos —que ya son cuantiosos—, sino sistemas de información inteligentes que aseguren que dichos recursos lleguen a quienes los necesitan con transparencia y efectividad.
Y, para ello, el fortalecimiento del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), creado en diciembre de 2023 como Organismo Público Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a cargo del Sistema Nacional de Focalización (Sinafo), resulta fundamental. Ello implica designar con urgencia el consejo directivo de esta entidad, asegurando la elección de profesionales idóneos para este cargo, así como una adecuada ejecución de los recursos del Proyecto de Inversión de Fortalecimiento del Sinafo, con financiamiento del Banco Mundial, promover el uso de la información del Registro de Información Social en temas tan críticos como la formulación de proyectos inversión pública o la construcción de indicadores para una mejor asignación distrital del Foncomun, o la construcción de mapas distritales para para la identificación de zonas críticas de intervención de los principales programas sociales.
En la medida que se disponga de información actualizada respecto de la clasificación socioeconómica de los hogares, estos compatriotas serán visibles para el Estado y podrán recibir apropiadamente diversas intervenciones para mejorar su bienestar. En esta tarea, el fortalecimiento de las Unidades Locales de Empadronamiento es clave. Gracias a ellas, el Estado dispone de una red a nivel municipal que puede recopilar información continua sobre la real situación (y sus variaciones) de la población vulnerable, teniendo un mecanismo de información socioeconómica permanentemente actualizado, que debiera servir para mejorar los procesos de planificación gubernamental, más allá de los programas sociales focalizados.
Hoy, gracias a la disponibilidad de herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial, es posible contar con una radiografía actualizada y precisa de la situación de nuestra población a partir de los Registros de Información Social. La interoperabilidad con las distintas bases de datos administrativas del Estado permitiría caracterizar de manera continua las necesidades y condiciones de los ciudadanos. Esto tendría beneficios incalculables tanto para mejorar la eficiencia técnica del gasto social como para optimizar la asignación del gasto público en su conjunto.
Tengamos presente que solo a través de una mejora sostenida en focalización, articulación de datos y fortalecimiento institucional se podrá garantizar que el gasto público se convierta en un catalizador real de equidad y desarrollo, elementos cruciales para asegurar la sostenibilidad de nuestro deslegitimado Estado constitucional de derecho y alicaído sistema democrático.