Cuajo parlamentario

La suspensión de María Cordero Jon Tay, a quien el Congreso dejó sin curul la semana pasada por haber recortado el sueldo a los trabajadores de su despacho en su propio beneficio, ha retratado una situación que no puede seguirse repitiendo en el Perú.

No solo porque estuvo a muy poco de salvarse y protagonizar un nuevo blindaje –tuvo que realizarse una segunda votación en el hemiciclo, que finalmente la suspendió, cuando lo que correspondía era una inhabilitación por 10 años, además del juicio que le corresponde– sino porque no debemos olvidar que se trata de una representante elegida por el pueblo.

Como fueron también elegidos en los últimos comicios otros 11 ‘mochasueldos’ que la antecedieron, que quedaron escandalosamente impunes gracias al compadrazgo y el malhadado espíritu de cuerpo parlamentario conocido como “otoronguismo”.

Nos referimos específicamente a Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), Rosío Torres (Alianza para el Progreso), María Acuña (Alianza para el Progreso), Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Heidy Juárez (Podemos Perú), José Arriola (ex Acción Popular), Katy Ugarte (ex Perú Libre), Marleny Portero (Acción Popular), Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), Raúl Doroteo (Acción Popular). Todos denunciados por sus propios trabajadores en el Legislativo. Y todos deberían ser desaforados y sus partidos castigados de alguna manera.

Y para estupor de la ciudadanía, en su alegato de defensa, María Cordero tuvo el cuajo de explicar muy campante que esa práctica era “una costumbre que no es correcta, pero costumbre al fin y al cabo” que venía desde el Congreso de 1995, cuando sus copartidarios le habrían impuesto hasta seis asesores. O sea que, según contó, ella no era ni remotamente la primera ni la única en hacer eso en el Parlamento.

El tema de fondo es que el sistema político peruano no debería limitarse a sancionar bribonerías de esta calaña una vez que son descubiertas o denunciadas por el propio personal del hemiciclo: no, de lo que se trata es que nuestra democracia no puede permitir que estas personas lleguen siquiera a postular a cargos públicos.

Por mencionar solo un ejemplo, ya tenemos el caso de un virtual candidato a la Presidencia que ha sido condenado por secuestro agravado, homicidio y rebelión. Y si ya padecemos parlamentarios de tan cuestionable trayectoria y conducta, la calidad de la representación política solo empeorará con la contrarreforma electoral que algunas bancadas pusieron en marcha.

Y si los partidos continúan demostrando valores éticos tan deleznables, llevando como candidatos en sus listas a personas deshonestas, solo cabe temer a los que llegarán mañana.