A escasos nueve días de finalizar el año 2024, la ejecución del presupuesto público nos muestra una tendencia similar a la de años anteriores, ya que solo se estaría llegando a ejecutar el 85% de lo programado. ¿Acaso estamos ante un ahorro eficiente, digno de aplaudir, o se repite la historia de ineficiencia en el gasto público?
El portal de Consulta Amigable del MEF nos muestra que de los más de 263,000 millones de soles de presupuesto público previsto para este año, se han gastado 224,000 (85%). Ciertamente, en materia de bienes y servicios, y de inversiones (donde realmente se revela la capacidad de ejecución) estas proporciones son de 83% y 71%, respectivamente. Recordemos que en 2023, de un presupuesto total de 250,000 millones de soles, se concretó el gasto de 223,000 (89%), y que los niveles de ejecución en bienes y servicios, y de inversiones fueron de 91% y 75%.
Es obvio que hay mucho por hacer para mejorar el gasto público. Pero más allá de evaluar la capacidad en la ejecución, queda pendiente reflexionar sobre la calidad de esta. De hecho, en 2023, de los 67,000 millones de presupuesto para inversiones, se gastaron casi 51,000 (75%) y de ellos, según estudios elaborados por la Contraloría, casi 9,000 millones (como el 17% de la ejecución neta de inversiones) se perdieron como resultado de la corrupción e inconducta funcional.
En la actualidad, la inseguridad ciudadana acapara las principales portadas; pero no podemos perder de vista que la corrupción sigue presente. Es evidente la falta de integridad e incluso la desvergüenza de algunas autoridades y funcionarios públicos, que abusando del poder se está viendo manifestada en prácticas como el pago de favores políticos y sexuales, el enriquecimiento ilícito mediante puestos de trabajo ficticios, la existencia de trabajadores fantasma, el soborno en obras y servicios, solo por citar algunos delitos visibles, que suelen quedar impunes ante nuestros ojos.
Nuestra esperanza es que en 2026, en las elecciones generales y otros procesos electorales, no nos volvamos a equivocar. Será la oportunidad para elegir a los mejores representantes, a nuestros “directores” de esa gran “empresa” que nos pertenece a todos y que llamamos Estado.
Pero regresemos a la capacidad de ejecución. Volver a dejar de gastar en promedio 1 sol de cada 4 soles en infraestructura, a pesar de las enormes brechas existentes, revela que, aunque la proporción ha ido creciendo progresivamente (de 69% en 2019 a 75% en 2023), estamos alcanzando un nivel de saturación en la capacidad de programación y ejecución de los recursos públicos en el Estado. Situación que demuestra que son necesarias reformas institucionales para poder diluir esta saturación y generar mayores y mejores niveles de gasto y bienestar en la población.
Por ende, optimizar las capacidades de los ejecutores en el marco del cambio de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y la entrada en vigencia de su reglamento, directivas y demás disposiciones, genera una gran oportunidad en ese sentido. Así también, el fortalecimiento y expansión de otras modalidades de ejecución de obras públicas, como las asociaciones público-privadas, las obras por impuestos y los proyectos en activos; y otras dos reformas sustanciales que podrían cambiar por completo este panorama, como son la reforma del servicio civil (el Estado clama por funcionarios íntegros y eficientes) y la mejora de la calidad regulatoria y simplificación administrativa (eliminando trámites absurdos o reglas anacrónicas). Para concretarlas resulta indispensable contar con un Gobierno que posea credibilidad, legitimidad y fortaleza.
La eficacia del gasto depende de la eficiencia de la gestión. El presupuesto no se ejecuta solo en el sistema presupuestario, sino también en los sistemas de inversiones, abastecimiento, personal, entre otros. De nada sirve contar con presupuesto si no se transforman recursos financieros en insumos reales que generen productos y resultados que respondan al bienestar ciudadano. Esa debiera ser la mirada de las organizaciones políticas a 2026, impulsando reformas que nos permitan crecer sostenidamente, dándole competitividad a nuestra economía a través de una mejor gestión estatal.
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