En los países desarrollados, la lucha contra la corrupción y la deficiente gestión pública empieza por el fortalecimiento del control interno. El control externo —como el que ejerce la Contraloría General de la República— actúa de manera complementaria, cuando el primero falla. En el Perú, sin embargo, el control interno es prácticamente ineficaz. A pesar de la normativa existente y los esfuerzos de capacitación promovidos por el órgano superior de control, los frecuentes casos de corrupción y negligencia demuestran que el sistema no funciona adecuadamente o no se quiere que funcione.
El modelo estatal vigente asigna la responsabilidad del control interno a la propia administración pública. Pero en un contexto en el que ni siquiera se ha logrado consolidar un servicio civil meritocrático se hace urgente una reforma estructural. Implementar de manera efectiva el sistema de control interno, siguiendo los componentes del modelo COSO —ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión—, es clave para asegurar el cumplimiento de los objetivos operativos, informativos y normativos de las entidades públicas.
Actualmente, muchas instituciones públicas cuentan con equipos especializados en gestión de riesgos, cumplimiento, integridad, control de calidad, antisoborno y demás. Sin embargo, para que estos esfuerzos sean realmente efectivos, deben integrarse de manera coherente. En ese sentido, el Modelo de las Tres Líneas de Defensa brinda una referencia útil: (i) la primera línea, conformada por la propia gerencia, responsable de gestionar los riesgos; (ii) la segunda línea, encargada de la supervisión y cumplimiento; y (iii) la tercera línea, que corresponde a la auditoría interna como función independiente de aseguramiento. En el sector público incluso puede considerarse una cuarta línea de defensa, representada por los auditores externos, los reguladores y otros entes fiscalizadores.
Frente a esta realidad, resulta pertinente observar modelos de gestión, como el de los Tribunales de Cuentas, adoptado en varios países desarrollados. Se trata de órganos altamente especializados, centralizados, con poderes jurisdiccionales, con enfoque exclusivo en el control posterior; responsables de detectar, investigar, imputar responsabilidades y aplicar sanciones administrativas y civiles a actores públicos y privados, siempre respetando el debido proceso. Esto también permite descongestionar la administración judicial, pues solo los casos de responsabilidad penal son derivados al sistema de justicia.
De forma paralela, estos países mantienen un sistema administrativo de control interno dependiente del Poder Ejecutivo. Un modelo similar podría aplicarse en el Perú, fortaleciendo el control interno mediante la unificación de estructuras existentes, como las Gerencias Regionales de Control, las Oficinas de Control Institucional, las Oficinas de Integridad, las Oficinas de Gestión de Riesgo, las Oficinas de Antisoborno, y otras, en un solo ente rector robusto. Esta fusión permitiría mejorar la eficiencia del control y optimizar el uso de los recursos humanos del Estado.
En este nuevo marco, el auditor interno debe asumir un rol estratégico: acompañar a la gestión en el cumplimiento de sus objetivos, intervenir de forma concurrente, proponer soluciones concretas y asumir responsabilidad por sus recomendaciones.
De acuerdo con las Normas Globales de Auditoría Interna (Nogai), la auditoría interna no solo robustece los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, sino que también contribuye a la sostenibilidad institucional. Además, fomenta la confianza ciudadana mediante la supervisión de la eficiencia operativa, la confiabilidad de los informes, el cumplimiento normativo y la preservación de una cultura ética.
Evidentemente, esta reforma no puede ser impulsada por el gobierno actual, que carece del tiempo, legitimidad y capacidad técnica y política para un emprendimiento de esta complejidad y alcance. Sin embargo, el próximo gobierno deberá considerarla como parte de las reformas estructurales urgentes. Solo así, junto con otras medidas, será posible transformar la gestión pública, elevando la competitividad del país; retomar una senda de crecimiento económico que permita superar el 4% real anual; generar empleo digno, y reducir de manera sostenible la pobreza y la desigualdad.