La trágica muerte de la alférez FAP Ashley Vargas ha conmocionado a la sociedad. Por su prematura desaparición, las circunstancias y el tratarse de una joven militar en una escuela aérea tradicionalmente compuesta por varones, con quienes competía para ser piloto de combate. Suma su desaparición por varios días, el penoso rescate y el inconmensurable dolor que trae su familia.
Dicen los que saben que un avión no se cae. Hay que tumbarlo. Que los accidentes nunca se producen por un solo evento, sino por la trágica conjunción de factores. Por lo menos tres, dicen.
Se ha especulado mucho, pero lo cierto es que a 380 km/h a 228.60 m de altitud era improbable una eyección que, dicen, requiere de mayor altura para dar tiempo a ejecutar la maniobra. Todo debe haber sucedido tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de activar su GPS, o radiar la incidencia, lo que hubiese facilitado su hallazgo con inmediatez. Una investigación imparcial determinará si se produjo falla mecánica, error humano o yerro de los instructores del ejercicio que se estaba ejecutando. Por la velocidad y la altura, casi 6.33 km/min, da un poco más de 105.50 m/s y, estando a poco más de 200 m de altura, daría como consecuencia que, ante una falla u error, habría caído en no más de tres segundos, tiempo irreal para hacer ninguna maniobra. Y el fortísimo impacto sobre el mar, equivalente a golpear en tierra, desintegró la nave y ocasionó su inmediato fallecimiento.
Bien es verdad, más allá de lo que un general diga —con el pomposo pecho recargado de medallas y banderitas—, la falta de presupuesto del Estado a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no solamente redunda en bajos estipendios, sino en el material apropiado con el mantenimiento requerido. Un país pobre tiene, por tanto, unas FF.AA. en situación complicada en cuanto al avituallamiento. Si no, preguntémonos de cuántas aeronaves disponemos en realidad y cuántos helicópteros vuelan no solamente en la FAP; también en el Ejército, la Marina o en la Policía Nacional. La hipocresía de la clase política niega permanentemente el presupuesto necesario para el recambio de la logística para la defensa, pero, al mismo tiempo, les exigen fiabilidad, operatividad y eficiencia.
Se sabe de antemano que las FF.AA. y las FF.PP. realizan una labor riesgosa. Se sabe que son profesiones que traen más peligros que las profesiones liberales que se desarrollan en la sociedad. Al final de cuentas, Ashley Vargas ha fallecido porque pretendía ser piloto de combate en un país pobre y con unas FF.AA. mal trajeadas. Ella se desenvolvía en un medio tradicionalmente competido por hombres, machista, donde los instructores son hombres; y, por lo tanto, preguntémonos con sinceridad si no fue objeto de mayor trabajo, de mayor demanda en su labor y si no fue discriminada. Ya bastante recelo había causado ser la Espada de Honor de su promoción.
El Tribunal Constitucional (TC) acaba de sentenciar negando los derechos a una excadete de la EOFAP, injustamente expulsada por supuestamente haber incurrido en inconducta en un examen. Siempre se le dijo al TC que eso no era cierto, pero no se le oyó. Y aun, si hubiese sido cierto, la sanción fue evidentemente desproporcionada. Le cortaron las alas. Si se hubiese tratado de un cadete varón, ¿habría tenido esa misma sanción? El TC no trató de la misma manera al estudiante universitario expulsado por fumar marihuana en sus jardines, determinando que, siendo cierto, la sanción de perder la carrera fue exagerada y, por ende, inconstitucional. Un fiel de la balanza distinto.
Que la muerte de Ashley nos haga reflexionar al respecto y que ojalá logre el reconocimiento que merece porque murió en el cumplimiento del deber tratando de formarse como piloto de combate para defender a nuestra patria en un medio hostil, difícil y carente de la tecnología apropiada. Demostró más valor y arrojo que muchos. Su ascenso póstumo a teniente es más que merecido. A ver si los generales hombres se dignan concedérselo. Entretanto, vuela alto, Ashley, ¡hasta las estrellas!