En octubre, un reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP, sobre la base de una encuesta de Ipsos, había puesto la alerta. Un 67% de peruanos creía que era bastante probable que en el país se presenten actos de violencia o intimidación contra candidatos durante la próxima campaña electoral. El atentado contra Rafael Belaunde Llosa, candidato presidencial de Libertad Popular, y hace unos días el asesinato de Percy Ipanaqué Navarro, precandidato piurano a diputado de Juntos por el Perú, debe poner en alerta total al Ministerio del Interior y a la Policía. El país entra a meses decisivos de campaña electoral y debemos evitar que se repitan los sangrientos escenarios que se han visto en países como Ecuador, Colombia o Estados Unidos. Especialmente en esta parte de la región, se trata de una violencia que proviene del crimen organizado, mayormente traficantes de estupefacientes y de oro ilícito a gran escala. Bandas fuertemente armadas que no dudan en enfrentarse a las autoridades, los poderes del Estado o las fuerzas de seguridad, y que ponen también en la mira a políticos –o periodistas– que perciben como contrarios a sus intereses. El Perú viene atravesando una ola de delincuencia callejera, extorsión y crimen organizado que continúa extendiéndose por todo el territorio nacional, lo sabemos todos. El actual presidente, José Jerí, su gabinete y la PNP anunciaron como máxima prioridad el diseño de una nueva estrategia para contener esa fuerza destructiva. Ha habido avances, sí, pero todavía insuficientes. Y con la vista puesta en las próximas elecciones debemos tomar consciencia de la magnitud de la amenaza que se cierne sobre la sociedad peruana. Una amenaza creciente que está minando no solo la convivencia social, la seguridad en las calles y en la vida económica del país, sino los cimientos mismos del Estado de derecho. Las economías ilegales tienen claro ya quiénes son los candidatos que –de llegar al gobierno o al Congreso de la República– defenderán sus intereses, como lo hacen ahora desde esos mismos poderes. El Gobierno debe tomar medidas urgentes para que estos cuadros de violencia no se repitan.