Aun con todas sus debilidades, un elemento ha hecho que la economía peruana se diferencie de la mayoría de las economías de la región y obtenga un reconocimiento internacional es el manejo responsable y sostenible de la política fiscal. Ello, sumado a la administración muy profesional de la política monetaria desde el Banco Central de Reserva, ha permitido que el Perú pueda sortear graves y frecuentes crisis políticas con una relativa estabilidad económica.
Esto ha sido posible por una continuidad en las prioridades, estilo y calificaciones de quienes han ocupado la cartera de Economía y Finanzas más tres décadas, durante las cuales el MEF ha sido un celoso guardián de la prudencia macroeconómica.
No obstante, en el último quinquenio hemos venido observando un deterioro en el compromiso del MEF con la sostenibilidad fiscal y a un Congreso que recurrentemente aprueba leyes que elevan el gasto público. Eso último avalado por una gravísima sentencia del Tribunal Constitucional de 2022, que señala que la privación de iniciativa de gasto que la Constitución contiene para el Parlamento es solo de aplicación para el año en curso, mas no para los subsiguientes. Una interpretación contraria al sentido común más básico y al principio que la norma busca resguardar.
Así, desde el Congreso han surgido iniciativas como la que aprueba el pago del bono de reconocimiento a aportantes a la ONP, la que autoriza el nombramiento automático de docentes interinos, la que reduce el IGV para centros de belleza, la que permite la deducción de gastos en educación, salud y otros para el cálculo del impuesto a la renta, y un largo etcétera. De otro lado, desde el propio Ejecutivo se han promovido iniciativas como la aprobada este año, que baja el IGV en dos puntos porcentuales para transferirlos al impuesto de promoción municipal. Aunque el MEF haya tratado de hacer malabares argumentativos para negarlo, es evidente que esta norma creará déficit, pues será imposible que el Ejecutivo reduzca su gasto en la misma proporción en que sus ingresos se verán afectados.
Por si esto fuera poco, esta semana han surgido dos desarrollos que contribuirán a acelerar el gradual deterioro de las finanzas públicas. Por un lado, el Consejo de Ministros aprobó en su sesión del miércoles una iniciativa legislativa (que aún debe pasar por el Congreso) para brindar compensación por tiempo de servicios a trabajadores del Estado contratados bajo la modalidad CAS (contrato administrativo de servicios). El potencial impacto de esta ley es masivo. Considerando que a la fecha existen unos 360,000 trabajadores contratados en modalidad CAS y que, según el BCRP, el sueldo promedio de los trabajadores estatales es de S/3,855, esta iniciativa tendrá un costo anual aproximado de S/1,100 millones.
De otro lado, esta semana el Congreso aprobó en segunda votación el incremento de pensiones para maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial. La norma dispone que estos recibirán una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual de la primera escala magisterial. Hoy este valor asciende a S/3,300.
No hay duda respecto de la necesidad de mejorar las condiciones remunerativas de los docentes de la educación pública. No obstante, este debiera ser un esfuerzo liderado por el Ejecutivo, con una lógica gradual y coherente con la trayectoria fiscal del país. Pero la norma aprobada no está respaldada por ningún análisis de este tipo, como suele suceder con las iniciativas provenientes del Legislativo.
Así las cosas, no debe sorprender que llevemos dos años incumpliendo la regla fiscal, que establece un tope anual para el déficit, hasta hace poco un umbral inviolable. Y todo indica que la historia se repetirá para el 2025.
De acuerdo con dicha ley, el tope de déficit aplicable para este año es de 2.2%. Como ha señalado el Instituto Peruano de Economía (IPE), para que ello suceda, durante el segundo semestre el gasto corriente tendría que mantenerse invariable (cuando durante el primer semestre mostró un importante incremento) y el gasto de capital tendría que reducirse en 10%, algo absolutamente improbable.
Así como con la reputación, lograr la solidez fiscal puede tomar décadas, pero destruirla puede tomar muy poco tiempo. Pero a las autoridades de turno parece ya no importarles. Al fin y al cabo, alguien más pagará la cuenta.