La acusación del Ministerio Público contra José Luna Gálvez –dueño del partido Podemos Perú– y otros 18 implicados, entre los que figura su hijo, el excongresista José Luna Morales, vuelve a poner en el ojo de la tormenta la credibilidad de nuestra clase política.
El tema es de suma gravedad, pues en el actual Congreso de la República la bancada de este partido, gran receptor de tránsfugas, es prácticamente la tercera fuerza parlamentaria. Es decir, un colectivo que influye en la preparación, promoción y promulgación de leyes que afectan directamente a todos los peruanos.
La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada sostiene que una red delictiva dirigida por Luna Gálvez habría capturado, entre los años 2014 y 2018, organismos clave del sistema electoral y judicial como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Su objetivo: facilitar la inscripción fraudulenta del partido ‘Podemos por el Progreso del Perú’, hoy llamado Podemos Perú.
El expediente de la acusación incluye delitos tan graves como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Una mafia de funcionarios a los que se habría reclutado a través de la universidad Telesup –antes de que la antigua Sunedu le denegara la licencia, por no cumplir con requisitos mínimos de calidad académica– a base de sobornos y recolocaciones en distintas oficinas del sistema electoral peruano.
Los 22 años de prisión que Fiscalía pide para Luna Gálvez se suman a las denuncias que este personaje arrastra desde hace años, en torno a una serie de actos dolosos que no se limitan al rubro –las universidades bamba– que lo catapultó a la política y, por último, al Congreso de la República. La justicia peruana lo tiene bajo la lupa también por sus presuntos lazos con los negociados que se investigan en los casos Lava Jato, OAS y Los Cuellos Blancos del Puerto. En buena cuenta, tremendo joyón.
Y un hecho tan insoslayable como alarmante es que representantes o allegados a ese partido, cuyos líderes acaban de ser tipificados por la Fiscalía como parte de una organización criminal, están en estos momentos sentados, muy orondos, en varias curules del hemiciclo de la Plaza Bolívar.
A ocho meses de las elecciones presidenciales, esta es una razón adicional para demandar que el escrutinio a las organizaciones políticas y sus figuras públicas –algunas de ellas, exparlamentarios o expresidentes de la república– se lleve a cabo hasta las últimas consecuencias.