Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, en el Perú hay más de 8,000 vehículos policiales inoperativos, aparte de aquellos que, visiblemente, circulan por la ciudad con distintas limitaciones técnicas y algunos en estado más bien calamitoso.
Repotenciar estas unidades o renovar la flota vehicular de la PNP, debería ser parte esencial de la estrategia para combatir el crimen, dada la capacidad de fuego y los sofisticados recursos con que cuentan las bandas de delincuentes que actualmente asolan distintas regiones del país.
Sin embargo, la Policía Nacional decidió desembolsar una millonaria suma para comprar nada menos que ocho automóviles de lujo para sus altos mandos. La compra es similar a otra que han realizado en el Ejército y la Fuerza Aérea.
Un gasto a todas luces desmesurado e inoportuno ante la realidad del alicaído parque automotriz de la PNP. Cerca de 200,000 soles por cada vehículo, por un total que supera el millón y medio de soles. Es decir, casi como lo contaba un viejo chiste limeño: los jefes desplazándose en camionetas de alta gama, mientras la tropa, la oficialía y las unidades especializadas que combaten directamente a los malhechores usan patrulleros que avanzan con la circulina y las sirenas a tope, pero perdiendo aceite en cada metro que recorren.
Una vez más se comprueba la absoluta falta de seriedad y rigor en las políticas de seguridad que maneja el Gobierno. Se aparta u hostiga a oficiales de probada eficiencia del cuerpo policial –el caso del coronel Harvey Colchado es emblemático– por groseras venganzas políticas y se premia a generales obsecuentes con el uso de autos de lujo, que al pasar al retiro incluso podrán pasar a ser de su propiedad pagando un precio módico.
Ha sido también muy simbólico que el primer oficial de alta graduación en elevar su voz ante la insólita puesta en libertad de un peligroso delincuente como ‘Jhon Pulpo’ haya sido el coronel Víctor Revoredo desde Santiago de Chile, el virtual exilio administrativo al que fue enviado luego de enfrentar –con destacados logros– a las bandas criminales en Trujillo. Un traslado absurdo, por decir lo menos.
Y si así de trastocadas están las prioridades en el Gobierno en materia de seguridad ciudadana, es entendible entonces que el país esté como está ahora, con las fuerzas de la ilegalidad y la más avezada delincuencia colándose en todas las esferas de la economía, la política y la vida cotidiana de los peruanos.
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