La lucha contra la corrupción administrativa desde una entidad fiscalizadora superior externa como la Contraloría General de la República en nuestro país se ha circunscrito tradicionalmente a las auditorías de cumplimiento o más antiguamente a los exámenes especiales o más recientemente a los servicios de control específico.
Sin embargo, la efectividad de estas herramientas depende directamente de que las desviaciones de cumplimiento se reflejen en los datos del proceso administrativo examinado. Lo que ocurre desde hace algunos años es que la corrupción ha evolucionado. Por lo tanto, a pesar de que se puedan cumplir todas las normas y reglas en el papel (siguiendo el principio de verdad material, por el que solo existe lo que está en el expediente), se continúan tomando decisiones inapropiadas y se cometen actos corruptos que le cuestan cientos de millones de soles al Estado, y que no son detectados.
De hecho, la última estimación global de la pérdida de recursos en nuestro país, realizada bajo una metodología rigurosa y reconocida en foros internacionales por la academia, señala que en el año 2023 se perdieron por corrupción e inconducta funcional casi 12.5 soles por cada 100 soles que el Gobierno general gastó en dicho ejercicio fiscal, lo que equivale a aproximadamente 24,300 millones de soles; es decir, un 2.4% del producto bruto interno peruano.
Los recientes casos de gasto innecesario, injustificado, y actos de corrupción difundidos por los medios de comunicación evidencian un vergonzoso y significativo incremento patrimonial en expresidentes, legisladores, gobernadores, alcaldes, funcionarios y hasta servidores públicos que, al sofisticarse los métodos de defraudación estatal en la gestión de los recursos públicos, es necesario perfeccionar también los mecanismos de control y detección de desviaciones. Ahora, con la posibilidad de trabajar con big data, análisis de datos, interoperabilidad e inteligencia artificial, es factible desarrollar una nueva modalidad de auditoría creada en nuestro país en 2024, pero aún no implementada: la auditoría forense.
La auditoría forense es un examen especializado que permite obtener evidencia apropiada y suficiente, mediante un conjunto de técnicas dirigidas a identificar la existencia de hechos con responsabilidad penal de funcionarios, como la comisión del delito de enriquecimiento ilícito y otros relacionados con el uso y gestión de los fondos públicos.
A diferencia de otros tipos de auditoría y mecanismos de control posterior, aquí el foco no está en evaluar los procesos de gestión de la entidad objeto de análisis, sino en identificar los presuntos hechos con responsabilidad penal en sí (por ejemplo, el incremento patrimonial injustificado) y en el comportamiento de los actores públicos y privados involucrados, mediante un enfoque integral y de naturaleza criminal y no solo administrativa. Este análisis permite trazar el flujo de recursos a lo largo de la red de actores vinculados al presunto ilícito y contribuye eficazmente a la teoría del caso y a la prueba de la imputación penal por parte de los fiscales. Este tipo de auditoría promueve el trabajo coordinado entre auditores, policías, procuradores y fiscales, activando e integrando la cadena de valor anticorrupción.
Otro aspecto trascendental es que la auditoría forense, a diferencia de las otras modalidades de control posterior, incluye expresamente la posibilidad de realizar medidas excepcionales dentro de su ejecución, entre las cuales destacan la incautación de documentación relacionada con la materia de control y el levantamiento de secreto bancario y/o la reserva tributaria, instrumentos indispensables para seguir el rastro patrimonial de los involucrados y determinar el origen ilícito de los recursos.
Los cada vez más frecuentes signos exteriores de riqueza de muchas autoridades y funcionarios, especialmente en altos cargos del Estado, son noticia diaria y motivo de numerosas denuncias. Esto nos obliga a implementar y fortalecer con urgencia este tipo de investigaciones si realmente queremos combatir de manera efectiva la corrupción desde el control gubernamental externo. Sin dejar de reconocer que es el fortalecimiento del control interno y la aplicación del modelo de las tres líneas de defensa lo que contribuirá, a mediano plazo, a prevenir casos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por parte de nuestras autoridades electas y designadas.