La persistente intromisión del Gobierno mexicano, primero con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora con Claudia Sheinbaum, en asuntos internos del Perú tuvo que escalar, lamentablemente, a un nivel elevado de crisis internacional: la ruptura de las relaciones diplomáticas.
Y es que haber dado protección a Betssy Chávez, una persona procesada y a punto de ser sentenciada por el golpe de Estado que perpetró junto a su socio político Pedro Castillo, no es poca cosa. Con el asilo concedido por México, prácticamente se le ha sustraído de la acción de la justicia peruana, apelando a argumentos falaces, como la especie aquella de que se trata de una persecución política.
Al ser interrogada sobre el incidente diplomático por los periodistas en su país, la presidenta Sheinbaum fue incapaz de justificar coherentemente la actitud de su gobierno, limitándose a mascullar la monserga de que la prisión del golpista Castillo era injusta y que correspondía a “un tema político que venía desarrollándose desde hace tiempo”, aduciendo que “la clase política del Perú” tenía una “visión de mucha discriminación” (¿?) contra el exjefe de Estado.
Lo que está a la vista, sin embargo, no es más que una modalidad de encubrimiento entre compadres ideológicos, que comparten discursos populistas presuntamente indigenistas, con vocación autoritaria y de dudosa honestidad. Como ha dicho el canciller Hugo de Zela a Perú21, “es una injerencia en asuntos internos. Lamentablemente, el Gobierno de México ha decidido tener una postura ideologizada sobre lo que ocurre en el Perú y eso ha ocasionado este problema…”.
Es sabido que en el país del Chavo y la Chilindrina el partido gobernante (Morena) ha puesto en marcha una serie de medidas que recortan la autonomía de instituciones ligadas a la administración de justicia y el sistema electoral, afectando el Estado de derecho y debilitando los mecanismos democráticos en una de las economías más grandes del continente. La finalidad obvia es perpetuarse en el poder, tal como hiciera el PRI décadas atrás.
Las simpatías de AMLO y Sheinbaum por el proyecto golpista de Pedro Castillo –cerrar el Congreso, someter a los poderes del Estado– no son, pues nada casuales.
Torre Tagle ha reaccionado acertadamente: ningún compadrazgo ideológico justifica una interferencia con la administración de justicia en el Perú.