Todo acusado tiene derecho a ser procesado y, para ello, requiere un abogado. Este principio —propio de toda Constitución democrática— implica que los derechos humanos alcanzan incluso a quienes no los respetan. Es una de las grandes conquistas del liberalismo político de los siglos XIX y XX: evitar que alguien quede indefenso frente al poder. Sin embargo, en la práctica, este axioma suele resultarnos incómodo. Muchas personas se indignan cuando un abogado defiende a corruptos, pero la incomodidad crece cuando se trata de responsables de genocidios o masacres.
El tema cobra actualidad con el abogado de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York, Barry J. Pollack. Aunque no los defiende por crímenes de lesa humanidad, sino por narcotráfico y otros delitos, conoce el historial de sus clientes, incluidas denuncias por violaciones a los derechos humanos. Pollack ha representado, además, a figuras poderosas en casos notorios, como Enron, Paul Manafort, Roger Stone y Julian Assange. ¿Esto implica falta de ética? No necesariamente. Pero sí sugiere una preferencia por casos de alta rentabilidad y visibilidad, en los que el prestigio y la notoriedad también cuentan.
La cuestión se vuelve más compleja cuando la defensa recae sobre quienes han ordenado torturas o exterminios. El caso de Hermann Göring en los Juicios de Nuremberg (1945-1946), recreados en Nuremberg (2026), es ilustrativo. Su abogado alegó obediencia debida, argumento repetido por otros jerarcas nazis y por Adolf Eichmann en Jerusalén.
Eludir responsabilidades mediante recursos jurídicos ha sido una estrategia frecuente de los poderosos. Para ello hay abogados dispuestos a defenderlos, por dinero, prestigio o convicción. Figuras como Jacques Vergès, defensor de Pol Pot, Klaus Barbie o Carlos ‘el Chacal’, encarnan esa ambigüedad: garantizan un derecho esencial, pero también evidencian que, a veces, la ética queda más en el discurso que en la práctica.