La minería ilegal es hoy una de las principales fuentes de criminalidad, corrupción y pérdida de control territorial en el Perú. Basta mirar Madre de Dios y zonas de la Amazonía: comunidades arrinconadas, ecosistemas devastados y mafias que mandan donde el Estado solo aparece en los discursos.
Frente a eso se creó el Alto Comisionado contra la minería ilegal, encargado de articular la estrategia nacional. Sobre el papel suena bien: alguien que coordine sectores, regiones y fuerzas del orden. El problema es que, sin recursos suficientes, no es más que un comando sin munición.
Este año el Ejecutivo anunció casi S/178 millones para 2026, más del doble que en 2025. Es un avance, pero sigue siendo poco frente a un negocio ilegal que mueve cientos de millones, financia mafias y obliga al Estado a operativos costosos que terminan en titulares, no en control real del territorio.
Entonces, surge una pregunta incómoda: si la minería formal aporta canon y regalías, ¿tiene sentido que parte de esos recursos termine subejecutada o mal usada mientras la lucha contra la minería ilegal sigue con el freno de mano puesto? Si esos fondos no se usan, una porción debería redirigirse a financiar de verdad la estrategia contra la minería ilegal.
La lógica es simple: a mayor formalización, mayor recaudación por canon y regalías; y a mayor recaudación, más recursos para combatir la ilegalidad. Hoy ocurre lo contrario: la minería ilegal compite con la formal, erosiona la base tributaria, destruye el territorio y obliga al Estado a gastar más en operativos. No tiene sentido que el esfuerzo de las empresas formales termine subsidiando la inacción frente a quienes operan al margen de la ley.
El otro pilar debe venir del propio delito. El oro incautado en operativos debería venderse al Banco de la Nación y un porcentaje ir de forma directa al presupuesto del Alto Comisionado y de las acciones en campo. Que lo que hoy se confisca a las mafias alimente la inteligencia, la presencia y la remediación ambiental, y no solo las estadísticas.
Defender la minería formal no es un capricho gremial, es política de Estado: significa proteger el canon que financia carreteras, escuelas y hospitales, y sacar del juego a quienes destruyen el territorio y compran autoridades. Si queremos tomarnos en serio la lucha contra la minería ilegal, hay que seguir la ruta del dinero. Solo así el Alto Comisionado dejará de ser un general sin balas y empezará a recuperar el país hoy disputado por las mafias.