De Juan José Santiváñez se ha dicho ya casi de todo, pero la realidad continúa superando al debate puramente político. El allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte volvió a poner en evidencia una serie de hechos que comprometen a la familia presidencial y sus adláteres.
No solo la vivienda del hermano de la mandataria fue allanada: fue un total de diez casas y seis oficinas intervenidas, entre particulares y públicas, que corresponden a nueve investigados que formarían parte de una nueva organización criminal liderada, según la tesis fiscal, nada menos que por el flamante ministro de Justicia.
En el requerimiento a Santiváñez se le sindica como “hombre clave”, identificado en el expediente como ‘cachetón’ por los miembros de la presunta red. A día de hoy, se puede conjeturar entonces por qué fue oportunamente designado ministro este último sábado, condición que lo convierte otra vez en funcionario aforado.
Un funcionario aforado, como saben los jurisperitos, goza de ciertas protecciones judiciales que le permiten, por ejemplo, ganar tiempo en sus procesos, pues tiene que ser juzgado en tribunales superiores. No son pocos quienes sospechan, por ello, que el dueño de los mencionados cachetes podría haber sido alertado de la pesquisa –y de la consiguiente intervención– que estaba en marcha: de otro modo es difícil creer que, pese al antecedente de la censura en el Congreso, la presidenta haya insistido en devolverlo a la cúspide de un ministerio. Y al de Justicia, nada menos.
El Quinto Despacho del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder lo tiene claro. La documentación describe cuatro ilícitos que involucran a Santiváñez cuando fue ministro del Interior y a otros que –siempre según el Ministerio Público– habrían sido realizados a través de sus “operadores”. Es decir, intervenciones policiales, como las realizadas en Ayacucho, por las que se habría cobrado hasta 100 mil dólares cada una.
Que el gabinete en pleno, liderado por el habitualmente servicial Eduardo Arana, haya salido a respaldar al hermano de la presidenta, calificando de “excesos” los allanamientos, únicamente lleva a pensar que podríamos estar ante una red de mayor complejidad.
Lo cierto es que los hechos que señala la Fiscalía en sus expedientes son muy graves y el país sigue esperando unas explicaciones que no llegan.