El pasado 14 de febrero, LAP (Lima Aiport Partners) cumplió 25 años con la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La operación no solo ha contribuido con aumentar la productividad en el país, debido a la modernización y ampliación de la infraestructura, sino que ha generado impuestos y transferencias de recursos al Estado para que haga obras.
Durante el periodo de concesión, LAP entregó al Gobierno peruano US$3,722 millones por concepto de impuestos y aportes establecidos en el contrato. Ese fue el compromiso de entregar el 46.511% de los ingresos brutos del Jorge Chávez a un fideicomiso, administrado por Cofide, para que el Estado lo destine al desarrollo de los aeropuertos regionales.
Sin embargo, esto no ha ocurrido. Basta ver el estado de los aeropuertos en el país para constatar que no se ha cumplido con la palabra empeñada. Destacan los casos de Jaén (paralizado por años), Tumbes (donde reparan un puente de acceso), Piura (recientemente reparándose) o Chiclayo (ampliación pendiente).
Es fácil confirmar que las carencias en los aeropuertos de todos los rincones del Perú no solo son flagrantes sino peligrosas, especialmente en aquellos con gran afluencia turística como el de Cusco, que presenta problemas de mantenimiento en sus pistas.
Sus infraestructuras no han sido ampliadas, sus servicios básicos no se dan abasto para atender la demanda y cualquier percance podría hacerlo colapsar en un país que se precia de atraer el turismo. Un gran riesgo no solo para el sector, sino para la seguridad nacional. Sobre todo en tiempos de tragedias climáticas como los que ahora vivimos.
¿A dónde se ha ido ese dinero en 25 años? Ciertamente no a los aeropuertos regionales. Contraloría tiene la palabra. Y esta es una prioridad que debe ser atendida por el próximo gobierno.