El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó públicamente una decisión judicial que le ordena abstenerse de participar en la campaña presidencial de 2026 utilizando recursos, plataformas o escenarios propios de su cargo. Y, como es habitual, explotó en una pataleta, quizás nervioso porque su candidato no va tan bien como lo esperaba.
El presidente de Estados Unidos advirtió que volverá a atacar militarmente a Irán si Teherán no respeta el protocolo que será firmado en Suiza para poner fin al conflicto.
Durante un consejo de ministros realizado el martes por la noche, el mandatario aseguró que la medida busca silenciarlo y pidió a sus abogados actuar de inmediato.
“Eso es callar a un presidente elegido por voto popular”, manifestó Petro al referirse a la orden emitida por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín. El mandatario sostuvo que sus intervenciones públicas han estado orientadas a denunciar hechos que considera delictivos y no a favorecer o perjudicar candidatos.
La medida provisional fue adoptada tras una acción de tutela presentada por el ciudadano Juan Diego Ríos Rojas.
NI EN PLAZAS NI EN X
La jueza Anny Carolina Goenaga Peláez ordenó que el jefe de Estado se abstenga de utilizar recursos, bienes, canales oficiales, eventos públicos y escenarios nacionales o internacionales vinculados al ejercicio de la Presidencia para difundir mensajes que puedan influir en la contienda electoral.
La decisión también alcanza a la cuenta de X @petrogustavo cuando sea utilizada como herramienta del ejercicio de la función pública. Asimismo, la magistrada dispuso que el mandatario no difunda afirmaciones sobre un eventual fraude electoral sin evidencia sólida y razonable que las sustente.
En su resolución, la jueza recordó que el Consejo de Estado ya había emitido pronunciamientos previos exhortando al presidente a evitar la participación en política mediante manifestaciones a favor o en contra de partidos y movimientos políticos.
Petro respondió que tiene la obligación constitucional de denunciar posibles delitos cuando tenga conocimiento de ellos, especialmente si involucran a funcionarios de su gobierno. Sin embargo, evitó precisar a qué hechos se refería durante su intervención.
La Presidencia de la República fue notificada formalmente de la decisión judicial. Además, el juzgado solicitó información a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sobre procesos relacionados con una presunta participación indebida en política por parte del mandatario.
De acuerdo con la resolución, el incumplimiento de la medida podría derivar en sanciones por desacato. El presidente dispone de dos días para responder a la tutela mientras continúa el análisis de fondo del caso.
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