El líder indígena miskito y exparlamentario nicaragüense Brooklyn Rivera murió este domingo a los 73 años mientras permanecía bajo custodia del Estado de Nicaragua, informó el Ministerio de Salud de ese país.
Su fallecimiento ocurre tras casi tres años de detención y en medio de cuestionamientos de organismos internacionales que lo consideraban un preso político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Rivera, fundador y dirigente histórico del partido indígena Yatama (Hijos de la Madre Tierra Unidos), fue detenido por la Policía Nacional el 29 de septiembre de 2023 en la ciudad caribeña de Bilwi. Desde entonces permaneció incomunicado durante largos periodos y su situación generó constantes denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos.
En un comunicado difundido por medios oficialistas, el Ministerio de Salud señaló que el dirigente sufrió un "deterioro físico y neurológico" atribuido a una bacteria generada por el virus del COVID-19. Según la versión oficial, Rivera falleció pese a los "enormes e intensos esfuerzos" realizados por el personal médico.
Días antes, el gobierno había reconocido que el estado de salud del exdiputado era crítico y divulgó imágenes en las que aparecía conectado a un respirador artificial y visiblemente debilitado.
La muerte del líder indígena provocó una inmediata reacción internacional. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, expresó en la red social X estar "profundamente preocupado" por el fallecimiento de Rivera mientras se encontraba bajo custodia estatal.
Ramdin solicitó una "investigación inmediata, independiente y transparente" para esclarecer las circunstancias de la muerte y reiteró el pedido de liberación de todos los presos políticos en Nicaragua.
De la ONU a la cárcel
Brooklyn Rivera era una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Meses antes de su detención participó en un foro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde denunció la situación que enfrentaban estas comunidades en su país.
Tras su intervención internacional, las autoridades nicaragüenses le impidieron inicialmente regresar al país. Posteriormente logró ingresar de manera clandestina. En un video difundido entonces aseguró que era consciente de los riesgos que enfrentaba, pero que regresaba por "amor" a su pueblo y a su territorio.
Poco después fue arrestado. Aunque las autoridades nunca hicieron públicos los cargos en su contra, informes de prensa señalaron que en 2024 el gobierno comunicó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se le había retirado la inmunidad parlamentaria para investigarlo por presuntos delitos relacionados con traición a la patria.
Denuncias de desaparición forzada
El pasado 1 de mayo, expertos independientes de Naciones Unidas incluyeron a Rivera en una lista de 112 personas consideradas víctimas de desaparición forzada en Nicaragua. Los especialistas denunciaron además que las condiciones de detención en el país eran presuntamente inhumanas y alertaron sobre posibles casos de tortura y otros tratos crueles.
La Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia lamentó el fallecimiento y aseguró que ningún pueblo debería despedir a sus líderes en circunstancias similares.
Días antes de su muerte, Estados Unidos había exigido la liberación "incondicional" del dirigente indígena y calificó de "abominable" la represión ejercida por el gobierno de Ortega y Murillo contra la oposición.
Figura histórica de la Costa Caribe
Rivera fue una figura clave en la política de la Costa Caribe nicaragüense. Durante la década de 1980 integró la organización indígena Misurasata y posteriormente formó parte de la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), encabezada por Edén Pastora, durante el conflicto armado que enfrentó al gobierno sandinista con los llamados "contras".
Tras la guerra civil desarrolló una carrera política y académica que lo llevó a convertirse en diputado nacional y referente de las demandas de autonomía de los pueblos indígenas del Caribe nicaragüense.
Su muerte se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde el gobierno de Ortega mantiene un férreo control sobre la oposición desde las protestas de 2018, que dejaron centenares de muertos, detenidos y exiliados.
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