La ofensiva antidrogas que Washington impulsa desde septiembre acaba de sumar a su pieza más imponente: el USS Gerald Ford, el portaaviones más grande, más moderno y costoso de la historia naval estadounidense. Su incorporación al operativo en el Caribe fue anunciada el martes por el Comando Sur, que lo desplegó formalmente en su zona de responsabilidad —América Latina y el Caribe— con la promesa de reforzar las tareas de vigilancia y de interdicción marítima.
Según los informes iniciales, al menos 19 personas resultaron heridas, de las cuales nueve fueron trasladadas a distintos hospitales porteños.
“La presencia ampliada de fuerzas estadounidenses en la zona del Mando Sur reforzará la capacidad de Estados Unidos de detectar, vigilar e interrumpir las actividades y agentes ilícitos que pongan en peligro la seguridad y la prosperidad de la patria estadounidense y nuestra seguridad en el Hemisferio Occidental”, señaló el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.
El gesto, sin embargo, tuvo un efecto inmediato más allá de lo militar. En Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro reaccionó con la activación de nuevos ejercicios castrenses y la movilización de miles de soldados. Para el oficialismo venezolano, la operación estadounidense no busca combatir el narcotráfico, sino preparar el terreno para un intento de derrocamiento.
La presión crece a medida que la ofensiva deja un saldo cada vez más difícil de justificar: según el Pentágono, ya son al menos 20 embarcaciones bombardeadas y 76 personas muertas en el marco del operativo marítimo. El último ataque ocurrió el domingo en el Pacífico, con la muerte de seis tripulantes. Hasta ahora, Estados Unidos no ha presentado evidencia pública que vincule a estas naves con el tráfico de drogas o con amenazas directas.
Más aún, el enfoque de Washington está tensando alianzas históricas. CNN reveló que el Reino Unido, uno de sus socios militares más estrechos, se rehusó a compartir inteligencia sobre presuntas embarcaciones de narcotráfico para no ser parte de operaciones que, según fuentes consultadas, podrían ser consideradas ilegales. Un quiebre diplomático que expone la fragilidad del respaldo internacional a los ataques.
“BOMBARDEOS INACEPTABLES”
Rusia, por su parte, aliada clave de Nicolás Maduro y habitual contrapeso de Washington, aprovechó para subir el tono. El ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, calificó los bombardeos de “inaceptables” y aseguró que Estados Unidos utiliza la lucha antidrogas como “pretexto” para violar el derecho internacional. “Así es como, en general, actúan los países sin ley, aquellos que se consideran por encima de la ley”, dijo en televisión el ministro ruso.
Lavrov afirmó que Estados Unidos había estado “destruyendo los barcos sin juicio ni investigación, y no solo sin juicio ni investigación, sino sin presentar ningún hecho a nadie”.
El gobierno venezolano intentó mostrar músculo. En la madrugada, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un “despliegue masivo” terrestre, aéreo, naval, fluvial y misilístico, con 200,000 efectivos involucrados. La televisión estatal transmitió imágenes de tropas movilizadas, aunque en grandes ciudades como Caracas no se observaron operaciones visibles. Como en ejercicios anteriores, el impacto es sobre todo comunicacional: un mensaje interno de fortaleza y un mensaje externo de resistencia.
Padrino acusó a los militares estadounidenses de ser “mercenarios” y de ejecutar a civiles sin proceso legal. “Están asesinando gente indefensa”, afirmó.
Maduro, en paralelo, apeló al discurso de defensa patria y convocó nuevamente a la Milicia Bolivariana, el cuerpo civil-militar de carácter ideológico que el chavismo considera su muro de contención ante una eventual intervención.
La administración de Donald Trump acusa a Maduro de liderar una estructura criminal dedicada al narcotráfico y ha autorizado operaciones de la CIA en territorio venezolano.
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