Momentos de alta tensión sacudieron el Senado de Filipinas este miércoles, luego de que se registraran disparos en medio de un operativo para detener al senador Ronald dela Rosa, requerido por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con testigos y reportes de prensa internacional, el caos se desató cuando agentes intentaban ingresar al recinto legislativo para ejecutar la orden de captura emitida contra el exjefe de la policía nacional, figura clave en la controvertida guerra contra las drogas impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte.
Su partida deja un vacío en el cine de comedia y acción que marcó a toda una generación.
Las detonaciones, cuyo origen aún no ha sido esclarecido, generaron escenas de pánico dentro y fuera del Senado. Personal militar fuertemente armado rodeó el complejo, mientras funcionarios y parlamentarios se resguardaban en oficinas y pasillos.
Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de heridos, pero el incidente elevó la tensión política a niveles críticos en el país asiático.
En medio del operativo, Ronald dela Rosa logró permanecer dentro del hemiciclo, donde fue respaldado por legisladores aliados que bloquearon su detención.
Un refugio político y un desafío al Gobierno
El senador, de 64 años, convirtió el Senado en su bastión frente al avance de las autoridades. Días antes, ya había logrado evadir un intento de arresto, desplazándose por distintas áreas del edificio hasta encontrar protección política.
Desde el interior del Congreso, lanzó un mensaje directo al gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr., cuestionando el proceso en su contra y pidiendo apoyo a sectores militares y policiales.
“No permitamos que otro filipino sea llevado a La Haya”, declaró, en alusión a una posible extradición hacia la sede de la CPI.
La orden de arresto, hecha pública recientemente, acusa a Ronald dela Rosa de su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, específicamente por la muerte de al menos 32 personas entre 2016 y 2018, periodo en el que dirigía la Policía Nacional.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que la cifra real de víctimas durante la campaña antidrogas de Rodrigo Duterte podría ascender a más de 30.000 personas, muchas de ellas ejecutadas extrajudicialmente.
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