El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido este martes en medio de una investigación por presunta delincuencia organizada, con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, según informó la Fiscalía General del Estado de Ecuador.
Juan Pablo Guanipa fue trasladado desde Caracas hasta el Zulia bajo custodia, luego de que el Ministerio Público revocara su excarcelación pocas horas después de haber salido de prisión.
La detención se realizó como parte del denominado caso “Goleada”, en el que el Ministerio Público ejecutó órdenes de arresto “con fines de formulación de cargos” contra un total de 11 personas, entre ellas Aquiles Álvarez, de 41 años, y sus hermanos Antonio y Xavier, quienes también figuran como investigados.
A través de sus canales oficiales, la Fiscalía difundió imágenes del operativo, en las que se observan sumas de dinero en efectivo y otros indicios, sin precisar aún el detalle de las evidencias incautadas. Medios locales señalaron que el alcalde sería trasladado a Quito para continuar con las diligencias judiciales.
Sin grillete electrónico al momento del arresto
Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades es que, al momento de su detención, Álvarez no portaba el grillete electrónico que debía usar por orden judicial desde mediados del año pasado. Esta medida cautelar había sido dispuesta dentro de otra causa, conocida como caso “Triple A”, relacionada con una presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.
La Fiscalía precisó en la red social X que el incumplimiento de esta medida fue constatado durante el operativo. El caso “Triple A” se originó tras una denuncia presentada en julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, durante el gobierno del presidente Daniel Noboa.
Según la denuncia, se habrían detectado irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados, que presuntamente fueron desviados y vendidos en países vecinos a precios internacionales, generando un perjuicio económico al Estado ecuatoriano.
Tras esta acusación, la Fiscalía realizó allanamientos en varias estaciones de servicio vinculadas a la empresa Copedesa, relacionada con Álvarez y su familia, ante sospechas de un desbalance entre el combustible adquirido y el efectivamente despachado.
Meses después, el Ministerio Público procesó a cinco personas naturales y cinco empresas por presuntos delitos vinculados al manejo ilegal de hidrocarburos.
El alcalde de Guayaquil había rechazado previamente estas acusaciones y llegó a sostener que las investigaciones tenían un trasfondo político. Con su detención en el caso “Goleada”, la Fiscalía amplía ahora el alcance de las indagaciones, en un contexto marcado por la ofensiva del Estado ecuatoriano contra el crimen organizado y los delitos financieros.