Chile quedó paralizado ante uno de los crímenes más brutales de su historia: el caso de Benjamín Bordillo Catrimán, un joven de 25 años descrito como “violento y manipulador”, condenado, junto a sus dos cómplices, a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de dos personas, que también fueron víctimas de canibalismo.
La justicia dictó sentencia contra él y dos de sus cómplices, quienes deberán enfrentar presidio perpetuo por asesinar a Bernarda Morales (45) y a su pareja Arturo, en un hecho ocurrido en septiembre de 2023 en Pudahuel, Santiago, que sigue generando indignación nacional.
Pero lo que ha encendido la furia pública no es solo el crimen en sí, sino los detalles que emergieron durante la investigación: las víctimas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en una vivienda tomada ilegalmente, donde también se realizaba tráfico de drogas.
Sus palabras sobre la comunidad LGBT+, la religión y la homofobia desataron miles de reacciones en redes.
Según los antecedentes policiales, el imputado había expulsado al dueño original del inmueble —un hombre vulnerable con problemas de adicción— para convertir la casa en un verdadero centro del terror donde ocurrieron los asesinatos.
Tras el crimen, los cuerpos de las víctimas fueron descuartizados y enterrados en un terreno baldío cercano a la Ruta 68, siendo hallados recién dos meses después en condiciones que estremecieron incluso a los investigadores más experimentados.
El caso dio un giro aún más escalofriante cuando surgieron testimonios sobre actos de canibalismo, generando una ola de indignación y horror en toda la sociedad chilena.
Una vecina del sector relató una escena que hiela la sangre: afirmó haber visto “asados” donde lo que se cocinaba, según sus palabras, era carne humana, una declaración que provocó repudio inmediato y reforzó las sospechas investigativas.
El dolor de la familia de las víctimas terminó por desbordar cualquier límite. La hija de Bernarda Morales denunció que su madre fue desenterrada y posteriormente quemada, en un relato que ha causado indignación generalizada y ha puesto en duda la capacidad de prevención del sistema.
Como si fuera poco, las pericias revelaron que los cuerpos fueron manipulados con herramientas como serruchos y expuestos a fuego y electricidad, lo que evidencia un nivel de violencia desmedido que ha generado cuestionamientos sobre cómo este caso pudo ocurrir sin ser detectado a tiempo.
Mientras tres de los implicados pasarán décadas en prisión sin acceso a beneficios, otra involucrada —que era menor de edad al momento de los hechos— fue condenada a un régimen distinto, lo que también ha encendido el debate público sobre la proporcionalidad de las penas frente a crímenes de extrema brutalidad.