Colombia amaneció este martes 10 de junio con una noticia que aumenta la preocupación por la seguridad y la escalada de violencia en el país. A tan solo tres días del atentado que sufrió el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General confirmó el asesinato del fiscal municipal de Fusagasugá, Karin Sefair Calderón, en un hecho que ha generado conmoción nacional y ha encendido las alarmas en las altas esferas del poder judicial.
Visitante, que iba junto a su esposo, comenzó a presentar vómitos y convulsiones tras finalizar tour guiado.
El crimen ocurrió alrededor de las 12:30 del mediodía, cuando Sefair Calderón, de aproximadamente 49 años, fue atacado por desconocidos armados tras salir de un cajero automático ubicado en el centro comercial Avenida. Según los primeros reportes de la Fiscalía de Cundinamarca, el fiscal recibió al menos dos impactos de bala, los cuales le provocaron heridas de gravedad.
A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, la víctima fue declarada muerta poco después de su ingreso al Hospital San Rafael de Fusagasugá. Su cuerpo será trasladado a la sede de Medicina Legal en Bogotá para los procedimientos correspondientes.
El alcalde de Fusagasugá, William García, expresó su consternación y anunció la convocatoria urgente de un consejo de seguridad para abordar la situación. Asimismo, ordenó a las autoridades judiciales y a la Policía Nacional que se realicen de inmediato todas las acciones necesarias para identificar, ubicar y capturar a los responsables del crimen.
“De manera preliminar, se pudo indagar que la persona fallecida no habría solicitado acompañamiento de las autoridades. Sin embargo, todos los detalles son materia de investigación. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y equipo de trabajo en estos difíciles momentos”, comunicó oficialmente la alcaldía del municipio.
En el entorno judicial y político se teme que estos hechos no sean aislados, sino parte de una posible campaña de intimidación que tendría como objetivo desestabilizar el clima electoral y el funcionamiento de las instituciones.
Desde diversos sectores, tanto políticos como de la sociedad civil, se ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar las medidas de protección al personal judicial, especialmente en regiones donde se han detectado amenazas por parte de estructuras criminales o actores armados ilegales.
“Estamos ante una situación crítica. No solo los candidatos están siendo atacados, ahora también los fiscales. Esto demuestra que hay fuerzas oscuras que buscan sembrar el miedo y la incertidumbre en un momento crucial para el país”, señaló un portavoz de la Asociación Nacional de Fiscales de Colombia.
Por ahora, la Fiscalía General de la Nación ha anunciado que un grupo especial de investigación se ha desplazado a Fusagasugá para esclarecer los hechos. Se analizan cámaras de seguridad del centro comercial y zonas aledañas, además de testimonios de testigos y análisis balísticos.
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