Este miércoles 20, el Gobierno de Bolivia ha confirmado la expulsión de la embajadora colombiana, Elizabeth García Carrillo, para poder "preservar" su "soberanía" y la "no injerencia en asuntos internos".
Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país altiplánico por medio de un comunicado difundido a través de sus redes sociales, donde da por concluídas las funciones de la citada diplomática.
El Ministerio Público dispuso diligencias por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible vinculados a una emisión de deuda superior a los 4 mil millones de soles.
Además, la representante cafetera -a quien se le otorgó "el plazo correspondiente para salir del país"- fue declarada persona non grata, según informó el canciller boliviano Fernando Aramayo a El Deber.
Vale resaltar que esta decisión del presidente, Rodrigo Paz, se debe a una publicación de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en X (Twitter), en la que afirmó que "Bolivia vive una insurrección popular".
Esto último en referencia a las protestas masivas de trabajadores mineros y de otros gremios altiplánicos que piden la renuncia inmediata de su mandatario a solo seis meses de haber asumido el cargo.
Sin embargo, desde La Paz, el Gobierno respondió que todo "pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se haga con prudencia diplomática y respeto a la institucionalidad democrática.
"Las diferencias políticas y sociales internas deben resolverse exclusivamente dentro del marco constitucional boliviano (...) sin interferencias externas, que puedan alterar la estabilidad", remarca la misiva.
Finalmente, Bolivia advirtió que la expulsión de la embajadora colombiana no significa "la ruptura de relaciones diplomáticas ni de los vínculos históricos de amistad, cooperación y respeto entre ambos países".
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