El panorama político de Nicaragua dio un nuevo giro este fin de semana luego de que el presidente Daniel Ortega asegurara públicamente que en el país no volverán a realizarse elecciones para permitir que la oposición llegue al poder. Sus declaraciones, pronunciadas durante un acto oficial en Managua, han provocado una ola de reacciones y renovado las críticas sobre el rumbo democrático de la nación centroamericana.
Durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega dejó clara su posición frente a cualquier posibilidad de alternancia política. En medio de un multitudinario evento, el mandatario lanzó una frase que marcó su discurso: "Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".
El gobernante sostuvo que los principales dirigentes opositores, muchos de ellos fuera del país, buscan regresar para asumir el control del Estado. En ese contexto, afirmó que esas aspiraciones no tendrán espacio bajo su administración y volvió a cuestionar a quienes considera responsables de intentar desestabilizar a su gobierno.
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Más adelante, Ortega insistió en el mismo mensaje y reiteró: "Pero que se olviden: Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder". La afirmación fue interpretada por diversos sectores como una señal de que el oficialismo no contempla abrir nuevamente un proceso electoral competitivo.
El presidente también anunció que impulsará nuevas normas junto con la Asamblea Nacional, órgano que mantiene una amplia mayoría oficialista. Según explicó, el objetivo será fortalecer el marco legal para impedir que, a su juicio, grupos opositores vuelvan a intentar desafiar al Gobierno.
En ese mismo discurso, adelantó que trabajará con el Parlamento y otras instituciones para aprobar leyes que "le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán". La declaración volvió a reflejar el enfrentamiento permanente entre el Ejecutivo y los sectores críticos al régimen.
Las palabras de Ortega llegan en un momento de profundas transformaciones institucionales. A comienzos de 2025 entró en vigencia una reforma constitucional que modificó la estructura del Estado, amplió las facultades del Ejecutivo y eliminó el tradicional equilibrio entre los distintos poderes públicos.
Entre los principales cambios figura la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años y la creación del cargo de "copresidenta", función que actualmente ejerce Rosario Murillo, esposa de Ortega y quien anteriormente se desempeñó como vicepresidenta. La reforma también estableció que el Ejecutivo coordine los demás órganos del Estado y legalizó la figura de la apatridia.
Con estas modificaciones, el calendario electoral también quedó alterado. Aunque originalmente Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, la ampliación del período presidencial trasladaría esos comicios, en teoría, hasta noviembre de 2027.
Las reformas impulsadas por el oficialismo han recibido fuertes cuestionamientos por parte de organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Diversas entidades consideran que los cambios concentran aún más el poder en la figura presidencial y reducen las garantías democráticas dentro del país.
En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó la designación de Rosario Murillo como copresidenta, señalando que asumió ese cargo sin un proceso electoral, sin mandato popular y sin legitimidad. Asimismo, sostuvo que el Gobierno ha impedido que los ciudadanos ejerzan libremente su derecho al voto y advirtió que el poder sustentado en la represión y las reformas constitucionales no representa la voluntad de la población.
Background
Daniel Ortega regresó al poder en Nicaragua en 2007, luego de haber gobernado el país durante la década de 1980 tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Desde entonces ha sido reelegido en varias ocasiones en procesos cuestionados por sectores de la oposición y observadores internacionales. En los últimos años, su administración ha enfrentado acusaciones de persecución contra dirigentes opositores, cierre de organizaciones civiles, restricciones a la prensa independiente y reformas constitucionales que han fortalecido el control del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien desde febrero de 2025 ostenta oficialmente el cargo de copresidenta de Nicaragua.