Los atentados contra transportistas y sus pasajeros se han visto opacados por la coyuntura política; no obstante, esta grave situación sigue escalando. Prueba de ello, es que a nivel nacional, de enero a mayo de este año, han ocurrido 131 homicidios y tentativas. El móvil: la extorsión de bandas criminales.
Así lo dio a conocer el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp y el BCP en alianza con CHS Consultora.
En la Comisaría de Ate se habría conformado una organización criminal, encabezada por el propio comisario e integrada por un alférez y ocho suboficiales, con el objetivo de obtener dinero de choferes infractores.
De acuerdo al informe, las víctimas no son únicamente conductores de buses, también figuran taxistas, mototaxistas, colectiveros, jaladores, cobradores e incluso pasajeros.
La situación ya había alcanzado niveles alarmantes en 2025, cuando se registraron 239 transportistas asesinados en todo el país. De ese total, 138 eran mototaxistas, taxistas y pasajeros. Los focos más críticos se concentraron en Lima, Callao y la costa norte.
Los datos de enero a mayo de este año en curso muestran una marcada concentración geográfica de los ataques. De los 131 casos registrados este año, 83 ocurrieron en Lima y 16 en el Callao, seguidos de Piura (8), La Libertad (6), Ica (6), Lambayeque (2) y otras regiones (10).
A nivel provincial, Lima encabeza ampliamente la lista con 78 casos, seguida de Sullana (7), Huaura (4), Virú (4) y Barranca (3), entre otros.
Por distritos, los más golpeados son Comas (13 casos), Callao (11), San Juan de Lurigancho (11), San Martín de Porres (6), San Juan de Miraflores (5) y Ate (4).
La violencia contra los transportistas se extiende por corredores urbanos de alta demanda como Carabayllo, Puente Piedra, Ventanilla e Independencia, además de distritos del sur de Lima como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. "Ocurren de noche, cuando no hay patrullaje policial —desde 2016 la Policía no realiza patrullaje en moto entre 11:00 p.m. y 7:00 a.m.—, y cerca a los terminales", explicó Ricardo Valdés, director de CHS Consultora.
El estudio identificó además a las empresas con mayor número de víctimas. Encabezan la lista Los Rojitos, con 4 casos, seguida de Emptonsa (Línea 11), con 3; Etmosa, Sur Express, Línea B, La Unidad de Villa, Transportes Toro y Los Moraditos, con dos casos cada una.
TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN
¿Cómo resolvemos la extorsión y el crimen contra transportistas? El exministro del Interior, Carlos Basombrío, considera inviable asignar policías a cada unidad de transporte. Solo en Lima circulan aproximadamente 26 mil vehículos de transporte público. Cubrir dos turnos requeriría más de 50 mil efectivos, una cifra imposible de sostener.
Basombrío sostiene que una medida inmediata sería acelerar la instalación de cámaras en los buses, una iniciativa que quedó paralizada tras el fracaso de los procesos de licitación. "De aquí a que vuelva a salir esa licitación, ¿cuántos cien transportistas muertos más habrá?, ¿100?", cuestionó.
Martín Valeriano, presidente de Anitra, detalló que en la medida de fuerza participarán 40 mil transportistas de 460 empresas de transporte urbano formal de Lima y Callao.
Sin embargo, el exviceministro Ricardo Valdés precisó que las cámaras sirven principalmente para identificar a los responsables después de los hechos, pero no necesariamente para evitar los ataques.
Su propuesta apunta a fortalecer la investigación criminal mediante el análisis integrado de las denuncias, las llamadas extorsivas y los patrones operativos de las organizaciones delictivas.
"Con ese análisis, realizado con Big Data e inteligencia artificial, tienes que empezar una línea de investigación criminal, segundo; en lugar de poner un policía en casa bus, pon un equipo de policías en las empresas y que ese equipo grabe llamadas, entreviste a los choefres, acopie información cualitativa del modus operandi de estas bandas", explicó.
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD VA AL ALZA
Asimismo, en apenas un año, el porcentaje de peruanos que ha sido testigo del cierre o la restricción de actividades de bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias y otros negocios de su barrio, como consecuencia de la inseguridad ciudadana, pasó de 32% a 45%, según una encuesta de Ipsos hecha para el Observatorio del Crimen y la Violencia. Lima es la región más golpeada (59%) y el efecto alcanza por igual a todos los niveles socioeconómicos.
Las extorsiones no solo se han disparado en Lima y Callao, sino que ahora ocho regiones vienen registrando un notable incremento. Se trata de Lima provincias, Áncash, Cusco, Ica, Puno, Lambayeque, Piura y Tumbes.
El reporte muestra también un incremento significativo en el impacto sobre la salud mental: la proporción de la población adulta que considera que sus niveles de ansiedad y estrés han aumentado –"algo" o "mucho"– debido a la inseguridad pasó de 75% en el 2025 a 78% en el 2026, con un crecimiento marcado en la zona norte del país y en las áreas urbanas del interior.
El informe presenta, además, un nuevo Índice del Crimen Violento (IDCV), que suma homicidios y feminicidios –incluyendo tentativas. Este permite conocer un total de 1,054 casos a nivel nacional, de enero a mayo de este año, con una tendencia al alza impulsada principalmente por los homicidios fallidos.
Entre las regiones del interior, Ica aparece como la más afectada al combinar números absolutos y población. A nivel provincial, San Antonio de Putina (Puno), vinculada a la minería ilegal, alcanzó una tasa de 92.89 por cada 100,000 habitantes, muy por encima del resto.
Finalmente, el informe arroja un dato perturbador y que evidencia por qué la extorsión no ha podido ser mitigada ni desaparecida: el número de internos presos por la comisión de este delito es mínimo en contraposición a la cantidad de denuncias e intervenidos por la Policía. Así, se revela que, actualmente, en las cárceles hay 2,469 presos por no cumplir con el pago de la pensión de alimentos; mientras que por extorsión apenas hay 1,498 reos.
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