La inseguridad en el transporte urbano de Lima y Callao volvió al centro del debate tras el encuentro “Lima y Callao: entre la inseguridad y el caos, ¿es posible el cambio?”, organizado por la Asociación A Movernos con el apoyo de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).
El evento reunió a especialistas, empresarios, autoridades y representantes de la sociedad civil para discutir soluciones frente al avance delictivo en el sector.
La intervención fue liderada por el ministro de Justicia, Walter Martínez, y el ministro de Defensa, César Díaz Peche.
La preocupación no es menor: entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 23,000 denuncias por extorsión en el país, un aumento de más del 35% respecto al año anterior, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.
En transporte, el escenario es aún más crítico. Redes criminales imponen cobros ilegales para operar rutas, amenazan a conductores y generan pérdidas económicas que golpean directamente la movilidad urbana.
Los distritos con mayor incidencia —San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Ate y San Martín de Porres— concentran además la violencia más letal: 46 asesinatos a conductores en el último año, producto de la extorsión y el sicariato.
“Era urgente generar un espacio de diálogo para plantear soluciones concretas que reduzcan la violencia y protejan a los transportistas”, sostuvo Roberto Vélez, gerente general de A Movernos.
LAS RAÍCES DEL CAOS
Durante la exposición técnica se presentaron estudios que muestran cómo la expansión urbana, la concentración de empleos en zonas centrales y los largos tiempos de viaje alimentan la vulnerabilidad del sistema.
Más de seis millones de habitantes tienen acceso limitado a oportunidades laborales debido a desplazamientos extremos y a la falta de transporte masivo, un escenario que empuja a miles hacia la informalidad.
Los especialistas coincidieron en que la crisis no solo responde al avance de bandas criminales: también se explica por falta de fiscalización, planificación deficiente y la ausencia de herramientas tecnológicas modernas para gestionar rutas, flotas y seguridad.
EJES PARA UN CAMBIO REAL
El evento planteó cuatro líneas de acción urgentes: seguridad en el transporte público, planificación de la movilidad urbana, formalización y modernización del sistema y sostenibilidad e infraestructura inteligente.
La conclusión fue común. La situación desbordó los mecanismos tradicionales de respuesta estatal. La solución —advirtieron los expertos— requiere acciones multisectoriales, sostenidas y con enfoque metropolitano, desde la digitalización de procesos hasta la creación de infraestructura que responda al crecimiento demográfico.
COMPROMISO DEL SECTOR
A Movernos y la AAP reiteraron su compromiso de impulsar una agenda nacional que coloque la seguridad de los transportistas y la modernización del transporte público como prioridad, en un contexto donde la extorsión, la informalidad y la violencia continúan afectando a millones de usuarios en Lima y Callao.
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