La Universidad Nacional Mayor de San Marcos atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años. En medio de protestas estudiantiles y la toma del campus, la rectora Jerí Ramón anunció la presentación de una denuncia penal contra los alumnos que ocasionaron daños a la infraestructura universitaria, marcando un punto de quiebre en el conflicto que sacude a la Decana de América.
El ataque perpetrado en el Cercado de Lima deja una herida grave, amenaza a decenas de trabajadores y expone el avance de mafias que operan con total impunidad.
La medida fue confirmada durante la sesión del Consejo Universitario, donde la autoridad explicó que la decisión responde a la necesidad de salvaguardar los bienes de la institución y deslindar responsabilidades.
Según indicó, las cámaras de seguridad instaladas en el campus permitieron identificar a los presuntos responsables de los actos vandálicos.
“Esa denuncia se ha tenido que hacer, sí o sí. Porque, caso contrario, yo sería la responsable de los daños a la infraestructura”, afirmó Ramón, dejando en claro que el proceso legal ya está en marcha.
La toma del campus por parte de los estudiantes surge como medida de rechazo a un proyecto de ley que plantea permitir la reelección de autoridades universitarias, iniciativa que ha generado un profundo malestar en distintos sectores del alumnado.
Durante los días de protesta, se reportaron daños en puertas, accesos y otros espacios del recinto universitario, lo que motivó la reacción de las autoridades. Sin embargo, la denuncia penal ha sido interpretada por algunos estudiantes como una respuesta desproporcionada que podría agravar aún más la crisis.
“Deben asumir las consecuencias”
En declaraciones posteriores, la rectora defendió su postura y enfatizó que los actos deben tener consecuencias, independientemente de quién los cometa.
“No es que yo tumbo una puerta y no me pasa nada. La juventud tiene que aprender a ser consciente”, señaló, en un mensaje directo hacia los manifestantes.
Asimismo, lamentó que los hechos se hayan producido en un contexto simbólico para la universidad, justo cuando se conmemoran los 475 años de su fundación y se recibía la visita de delegaciones extranjeras.
Intento de diálogo en medio de tensiones
Pese a la firmeza de su decisión legal, Ramón también ha dejado abierta la puerta al diálogo. Inicialmente, condicionó las conversaciones a que los estudiantes levanten la toma del campus, lo que generó cuestionamientos tanto de algunos decanos como de sectores estudiantiles.
Ante las críticas, el Consejo Universitario acordó la creación de una comisión especial encargada de iniciar un proceso de diálogo sin condiciones estrictas, en un intento por destrabar la situación.
“Si hay voluntad de los alumnos, estamos hablando de un plazo de 24 horas”, indicó la rectora, convocando a una nueva sesión para evaluar avances y escuchar el informe de dicha comisión.
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