El cierre temporal del centro comercial Larcomar, ubicado en uno de los puntos turísticos y comerciales más importantes de Lima, continúa generando una fuerte controversia.
La medida, tomada por la municipalidad de Miraflores tras las rajaduras visibles luego del sismo de junio, ha sido duramente cuestionada por representantes del sector empresarial, quienes señalan que no existe justificación técnica para mantener clausurado el establecimiento.
Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), declaró en una entrevista con Canal N que la clausura carece de fundamento técnico y podría responder a motivaciones de índole política.
“Larcomar no presenta daños estructurales. Las rajaduras que se observaron son comunes después de un sismo y no comprometen la integridad del edificio. Así lo han determinado ingenieros del Colegio de Ingenieros del Perú y peritos independientes”, afirmó.
Neuhaus destacó que el centro comercial fue construido en 1998 con los más altos estándares de seguridad de la época. En 2010, fue adquirido por la empresa chilena Parque Arauco por un monto cercano a los 60 millones de dólares. Desde entonces, se han invertido más de 150 millones de soles en mejoras y modernización de sus instalaciones, incluyendo 47 millones únicamente en medidas de seguridad.
“Es uno de los centros comerciales más modernos del país, constantemente reforzado y auditado. No se puede tomar una decisión tan radical sin un análisis técnico objetivo”, subrayó.
Una de las razones señaladas por la comuna miraflorina para ejecutar la clausura fue la ausencia de rociadores automáticos, extintores y señalización en ciertas zonas del centro comercial, como las salas de cine. Ante ello, Neuhaus respondió que esos detalles pueden ser corregidos sin necesidad de cerrar todo el complejo.
“Si falta un extintor, se reemplaza. Si hay una señal mal colocada, se corrige. Es absurdo cerrar un centro comercial completo por observaciones que pueden solucionarse en pocas horas”, comentó.
El presidente de la ACCEP también reveló que, un día después de la clausura, Larcomar presentó un nuevo Informe Técnico de Seguridad en Edificaciones (ITSE), pero la Municipalidad de Miraflores se negó a recibir el documento, por lo que fue necesario entregarlo con la presencia de un notario público.
“Se debió conversar antes de cerrar. Larcomar tiene contacto permanente con la municipalidad, y esta medida debió evaluarse técnicamente, no tomarse de forma arbitraria”, insistió.
Neuhaus fue más allá al sugerir que esta clausura podría formar parte de una estrategia de presión política, recordando que, en gestiones anteriores, también se cerraron negocios por observaciones menores, afectando a comerciantes y trabajadores sin una justificación sólida.
“No se puede utilizar el aparato municipal para castigar ni generar presión política. Detrás de Larcomar hay cientos de empleos formales, locales que cumplen con sus obligaciones y visitantes que merecen seguridad y servicios. Estas decisiones generan desconfianza en la inversión”, advirtió.
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