El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao con el objetivo de enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia que afectan a ambas jurisdicciones.
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La medida entrará en vigencia a partir del 28 de junio de 2026 y dispone que la Policía Nacional del Perú mantenga el control del orden interno, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las acciones que se consideren necesarias.
La decisión fue adoptada debido a la persistencia de delitos como homicidios, sicariato, extorsión y otros actos violentos que continúan generando preocupación en la población. Según el Ejecutivo, los reportes policiales evidencian una perturbación del orden interno que requiere mantener las medidas extraordinarias implementadas desde febrero de este año.
Durante la vigencia de la prórroga se mantendrá la restricción o suspensión de algunos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, de acuerdo con lo establecido en la Constitución para los estados de emergencia.
El decreto establece que las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público deberán contar con la autorización correspondiente de las autoridades competentes para su evaluación. Los eventos que no tengan carácter masivo podrán desarrollarse sin necesidad de un permiso previo.
La norma también señala que las intervenciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas deberán realizarse respetando los protocolos y disposiciones vigentes sobre el uso de la fuerza, así como los mecanismos de protección para mujeres y personas en condición de vulnerabilidad.
Al término del periodo de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe con los resultados obtenidos, documento que será remitido al Ministerio del Interior y posteriormente a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial.
La implementación de las acciones contempladas en la prórroga será financiada con los recursos asignados a las entidades involucradas y con las partidas adicionales que autorice el Ministerio de Economía y Finanzas, según la disponibilidad presupuestal.
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